Desestima los argumentos que alegaron 10 de ellos para librarse del banquillo
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha rechazado el intento de diez ex responsables de Batasuna de librarse del banquillo de los acusados en uno de los juicios que tiene pendiente este año la izquierda abertzale y para el que aún no hay fecha definida.
El procedimiento, en el que se enjuiciará la presunta subordinación de la formación ilegalizada a la banda terrorista ETA y su financiación a través de las denominadas 'herriko tabernas', se sigue contra 39 procesados, entre ellos Rufino Etxebarria, Arnaldo Otegi y Joseba Permarch, que se enfrentan a penas de entre 8 y 12 años por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada.
En concreto la Sección Segunda rechaza el argumento de seis de los procesados --Juan Carlos Rodríguez González, Mikel Arregi Urrutia, Juan Pedro Plaza, Florencio Aoiz, Adolfo Araiz Flamarique y José Luis Elkoro Unamuno-- que alegaron que ya habían sido juzgados por el delito que ahora se les imputa.
Estos seis acusados plantearon a los magistrados que conforman el tribunal en una vista celebrada en julio de 2010, que ya fueron condenados por el mismo delito en un juicio de 1997 contra 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y en el que el Tribunal Supremo les condenó a siete años de cárcel, aunque fueron finalmente absueltos en 1999 por el Tribunal Constitucional.
La Sección Segunda detalla que en aquel procedimiento se enjuició la cesión por parte de HB a ETA de espacios electorales gratuitos en radio y televisión y aclara que a pesar de que ahora se acusa a estos seis procesados de un delito coincidente la actividad delictiva que genera la acusación es distintra. "No se trata de los mismos hechos ya enjuiciados", dice el auto hecho público éste viernes.
La Audiencia Nacional desestima también la argumentación de otros tres procesados --Josu Iraeta, Santiago Hernando y José Antonio Egido-- que alegaron que los delitos que se les atribuyen habrían prescrito. Los magistrados aseguran que la integración o colaboración con banda armada "son delitos permanentes".
También rechaza los argumentos de la defensa de Karmelo Landa que alegaba que no se podía proceder en su contra porque los hechos que se le imputan habrían sido cometidos cuando era parlamentario europeo y, por tanto, gozaba de inmunidad. La Sección asegura en este caso que "se le imputan hechos que se extienden a este mandato parlamentario y otros que lo sobrepasan".
CASI 40 PROCESADOS
Las otras personas procesadas son --además de Otegi, Etxebarria y Permach-- José Federico Alvarez Forcada, Juan Cruz Aldasoro, Esther Aguirre, Miren Jasone Manterola, Kepa Gordejuela, María Isabel Mandiola, Segundo López de Aberasturi, Anton Morcillo, Santiago Quiroga, Jon Gorrochategi, José Luis Franco Suárez, Maite Amezaga, Joseba Garmendi, Juan Francisco Martínez Betanzos, Ignacio Lizaso, Jaione Intxaurraga, Rubén Andrés Granados, Enrique Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Bengoa, Idoia Arbelaiz, Izaskun Barbarias, Sabino del Bado, Vicente Enecotegi, Pedro Felix Morales San Sebastián y Andrés Larrea.
La investigación de esta causa comenzó tras la detención en abril de 2002 de 11 personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de los locales conocidos como 'herriko tabernas'. El juez Baltasar Garzón decretó el embargo de 75 de estos establecimientos y su administración judicial.
En su escrito de conclusiones provisionales, presentado el pasado mes de abril, el fiscal insiste en que desde 1978 y hasta que Batasuna fuera ilegalizada en marzo de 2003, su "simbiosis" con ETA fue "absoluta". Las diferentes estructuras del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MNVL), afirma, ejecutaron durante esos años y en distintos frentes "una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta".
El juez Garzón concluyó el sumario 35/02 el 1 de abril de 2008, tras seis años de investigación que buscaban desentrañar los medios de financiación de Batasuna. El magistrado justificó el procesamiento de todos los dirigentes de la formación en la tesis de que Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, "sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, la autodeterminación de la denominada 'Euskal Herria'".
