ETA.- La Audiencia Nacional juzgará el martes a un presunto etarra por el asesinato de un taxista hace 29 años

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional juzgará este martes al presunto etarra Antonio María Celaya Otaño por el asesinato en septiembre de 1978 del taxista Amancio Barreiro en la localidad guipuzcoana de Pasajes de San Pedro. El fiscal Jesús Alonso pide para él 26 años y 4 meses de prisión por los delitos de asesinato y utilización ilegítima de motor, así como una falta de hurto.

A pesar de haber transcurrido 29 años desde el asesinato, los delitos por los que se le acusa no han prescrito porque un año después del asesinato, la Policía detuvo al integrante del "comando Iparraguirre" José Ángel Cincunegi, quien ante el juez inculpó a Celaya de los hechos. Así, en enero de 1980 se dictó auto de procesamiento y prisión contra Celaya y un mes después se le declaró en rebeldía.

En el escrito de acusación, el fiscal señala que el "comando Iparraguirre", integrado por Celaya, José Ángel Cincunegi y Jesús María Larzabal, decidieron acabar con la vida de Barreiro porque consideraban que era un confidente policial.

Para ello, Cincunegi trasladó a Celaya y a Larzabal en su coche desde Azpeitia (Guipúzcoa) hasta Pasajes de San Pedro. Allí, subieron al taxi de Barreiro y le pidieron que les llevase a Usúrbil, donde le hicieron detener el vehículo. En ese momento, le mostraron las pistolas y le dispararon causándole la muerte inmediata.

PRIMERA DETENCIÓN.

La Policía francesa arrestó a Celaya en octubre de 1986 en Bayona y el Juzgado Central de Instrucción número 1 pidió entonces al Gobierno que solicitase su extradición a Francia.

La Cámara de Acusación del Tribunal de Casación de París le dejó en libertad en marzo de 1987, ya que la documentación de extradición llegó después de que hubiera transcurrido el plazo de prisión provisional de Celaya.

Dos meses más tarde, Celaya estaba en paradero desconocido. La Fiscalía cursó en octubre de 1995 una Orden Internacional de Detención contra el acusado tras localizarle en México. Así, el Gobierno solicitó en abril de 1996 su extradición y las autoridades mexicanas la denegaron.

La Fiscalía acordó en octubre de 2002 reabrir el procedimiento contra Celaya, al localizarle de nuevo en Francia. El Ministerio Público pidió su detención y, tras ello, su extradición. Finalmente, las autoridades francesas extraditaron al procesado en mayo de 2005.