MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional reclama al etarra José Manuel Azcárate Ramos, detenido este miércoles en la localidad francesa de Ciboure, para que termine de cumplir dos condenas por delitos terroristas que se le impusieron por la actividad que desarrolló en la banda desde principios de los años ochenta, informaron fuentes jurídicas.
Azcárate Ramos, que será puesto a disposición de este tribunal en cuanto sea entregado por las autoridades francesas, tiene pendientes una pena por estragos terroristas y otra por los delitos de pertenencia a banda armada, depósito de explosivos y tenencia de armas.
Por este motivo, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que dirige el juez José Luis Castro, abrió un expediente que motivó la orden europea de detención y entrega en virtud de la cual la policía francesa ha procedido a su detención. Tenía, además, otras dos causas en el Juzgado Central de Instucción número 1, que dirige el juez Santiago Pedraz, que fueron archivadas por falta de pruebas.
AMPLIO HISTORIAL DELICTIVO
Nacido en 1963 en Tolosa (Guipúzcoa), Azcárate Ramos huyó de su domicilio en 1982 tras la desarticulación del talde legal 'Gorki' de ETA. En 1984 se incorporó como militante clandestino al talde ilegal 'Vizcaya', que ese mismo año cometió diversas acciones terroristas, con resultado de muerte en esa provincia.
Tras su primera detención el 18 de enero de 1986, fue condenado a 51 años de cárcel por los delitos de detención ilegal, robo, utilización de documento oficial falsificado, estragos, pertenencia a banda armada, depósito de armas y tenencia explosivos. Sin embargo, en diciembre de 1992 fue puesto en libertad condicional tras comprometerse a renunciar a participar activa o pasivamente en la lucha armada por motivos de salud. Días después concedió una rueda de prensa en la que advirtió de su engaño y aseguró que no pensaba renunciar a la actividad terrorista.
Fue detenido de nuevo el 14 de enero de 2003 en Guipúzcoa aunque se encontraba fugado desde abril del año 2004, cuando incumplió la obligación de comparecer en dependencias policiales tras obtener un nuevo permiso por sus problemas de salud.
Entre las acciones terroristas que se le imputaron se encuentran el asesinato del teniente coronel jubilado Alberto Aznar Félix en Portugalete y el atentado contra un convoy militar en Galdákano (Vizcaya), que costó la vida del teniente Juan Enríquez Criado, al subteniente Francisco Javier Fernández y al civil Manuel Asensio Pereda.
