MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional suspendió hoy el juicio que estaba previsto que se celebrara contra el miembro de ETA Gregorio Vicario Setién por el ataque con lanzagranadas perpetrado en abril de 1994 contra la sede del Gobierno Militar en Barcelona, en el que resultó muerta una persona y otras seis heridas, al no haberse citado, por error, a uno de los testigos de cargo, el que fuera compañero de "comando" del procesado Felipe San Epifanio, informaron fuentes jurídicas.
El fiscal Enrique Molina solicita para Vicario Setién un total de 162 años de cárcel por su presunta intervención en estos hechos, al considerarle responsable de un delito de asesinato, seis asesinatos en grado de frustración y un delito de estragos.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que el acusado, junto a otros miembros del denominado "comando Barcelona" de ETA ya condenados por estos hechos -Felipe San Epifanio y Rosario Ezquerra-, y una cuarta terrorista en paradero desconocido, decidieron destruir el edificio del Gobierno Militar en la Ciudad Condal en abril de 1994.
En ejecución de su plan, el 17 de abril de dicho año San Epifanio y Vicario Setién robaron un automóvil en la zona de Vilapiscina, al que cambiaron las placas de matrícula y sobre cuyo techo colocaron dos tubos lanzagranadas y un artefacto compuesto por 12 kilos de amonal y un temporizador. Los proyectiles se programaron para hacer explosión con un intervalo de 10 minutos cada uno, según el Ministerio Público.
Los disparos se prepararon para que comenzaran al día siguiente, pasada la una de la tarde del 18 de abril de 1994. La metralla alcanzó a un transeúnte que paseaba por las inmediaciones, Vicente Beti Montesinos, quien falleció en el acto, y a otras seis personas que resultaron heridas, además de causar importantes daños materiales.
Mañana está previsto que Vicario Setién sea trasladado a la Audiencia Nacional para ser juzgado , junto con Josu Ordónez Fernández, por su implicación en el secuestro del industrial vasco Cosme Delclaux, hechos por los que el fiscal Fernando Rey solicita para cada uno de los procesados una pena de 18 años de prisión.