Pide a los jueces que se "comprometan con la construcción de la paz" y al Gobierno central que "desactive la dinámica represiva"
BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Comité Nacional del sindicato ELA, reunido esta mañana en Bilbao, aseguró que las últimas actuaciones del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska "atentan contra la pacificación y la normalización política, y producen perplejidad e indignación en la sociedad vasca.
Según informó la central en un comunicado, la conclusión a la que llega tras las decisiones tomadas por el magistrado es que existe una "voluntad manifiesta de importantes instancias judiciales de responder con más represión" al alto el fuego de ETA.
ELA censuró la prohibición de manifestaciones, la "amenaza" penal contra responsables institucionales y políticos "por el mero hecho de haber mantenido contactos" con representantes de Batasuna, así como "la criminalización de ciudadanos, en algunos casos responsables políticos, cuyo compromiso con las vías democráticas no ofrece duda ninguna".
"Por mucho que invoquen la separación de poderes y la independencia judicial, es demasiado evidente que estas decisiones judiciales responden al sentido de la oportunidad de los sectores políticos y mediáticos contrarios a la pacificación y la normalización política. Estos sectores son, precisamente, los que sugieren, animan y dan cobertura a estas actuaciones judiciales", añadió.
En este sentido, el Comité Nacional de ELA pidió a los jueces y tribunales que "asuman los cambios de la realidad social, que se comprometan con la construcción de la paz y se conviertan en un activo para el proceso que la inmensa mayoría de esta sociedad demanda y sostiene".
El sindicato abertzale expresó su apoyo a la práctica del diálogo, su solidaridad "con cuantos responsables institucionales y políticos sean objeto de denuncia o actuación judicial por tal motivo", y su voluntad de seguir manteniendo una relación "normalizada" con las personas que "representan un espacio político, como es el de Batasuna".
Por último, exigió al Gobierno central que "desactive la dinámica represiva" y adopte medidas y decisiones que impulsen el proceso y confirmen la "seriedad de su compromiso".
