ETA.- Ex alcalde de Andoain será juzgado el martes por presuntamente abonar la compra de un ordenador a un preso etarra

SAN SEBASTIAN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Andoian José Antonio Barandiaran y un ex concejal, ambos de Batasuna, serán juzgados el próximo martes en la Audiencia Provincial de Gipúzcoa bajo la acusación de abonar hace tres años los gastos derivados de la compra del ordenador personal a un preso de ETA natural del municipio. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para cada uno de ellos, mientras que la defensa reclama la absolución.

El juicio, que no se verá afectado por la huelga de los trabajadores de la Administración de Justicia, se celebrará en la Sección Primera por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según la calificación provisional del fiscal, a la que tuvo acceso Europa Press, allegados a presos de ETA solicitaron el 19 de mayo de 2003 a la Comisión de Derechos Humanos de los Presos del Consistorio que abonase los 2.057 euros el coste de un ordenador adquirido por Asier Oiartzabal, quien se encontraba preso en la cárcel francesa de Fleury Merogis.

El Ministerio Público sostiene que la presidenta de la Comisión de Derecho Humanos trasladó la petición al concejal delegado Jesús Olazabal, en su calidad de presidente del Departamento de Bienestar Social, "quien, en fecha 21 de mayo de 2003 y a sabiendas de la ilegalidad de tal pago, ordenó el abono de los gastos derivados de la compra del ordenador personal".

Asimismo, según el fiscal, el entonces alcalde, José Antonio Barandiaran, "conocedor de la ilegalidad de tales pagos, no sólo no impidió su abono, sino que, además, ocultó al Pleno tal situación, limitándose a dar cuenta de los abonos pasados cinco meses".

La Fiscalía considera que ambos son responsables de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, como autor Jesús Olazabal, y como "cooperador necesario" el ex alcalde.

Por el primero delito pide, para cada uno, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años, y por el segundo delito cinco años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta, además de la suspensión de cargo o empleo público durante un año. Además, reclama que abonen conjuntamente al Ayuntamiento 2.057 euros.