Los acusados se niegan a declarar en la Audiencia Nacional alegando que sólo su "pueblo" puede juzgarles
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha solicitado una pena de 20 años de cárcel para los etarras Asier Arzalluz, 'Sendoa', e Idoia Mendizabal, 'Ilardi', compañeros del ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki' en el 'comando K-Olaia', por enviar un paquete-bomba el 17 de enero de 2002 al director de Radio Nacional de España (RNE) en Bilbao, Santiago Silván.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, los dos acusados han reconocido que son miembros de la organización terrorista y, tras negarse a declarar a las preguntas de las partes, han asegurado que la Audiencia Nacional no tiene "ninguna licitud" para juzgarles. "Si alguien tiene que juzgarme debe ser mi pueblo", ha dicho Mendizabal.
El fiscal, que acusa a los dos procesados de un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa, ha defendido que las pruebas evaluadas por el tribunal ponen de manifiesto que los dos acusados se alojaron en la casa que el también etarra Gorka Martínez Arkarazo tenía en Amorebieta, confeccionaron el paquete y lo enviaron a través de una empresa de mensajería al domicilio particular de Silván.
Así lo acreditaría una carta mecanografiada que fue intervenida al ex jefe militar de ETA Ibon Fernández de Iradi tras su detención en diciembre de 2002 y en la que los integrantes del 'comando' detallaban las acciones terroristas que habían realizado en Vizcaya, Navarra y Cantrabria entre octubre de 2001 y abril de 2002. Esa carta, según confirmaron los peritos durante el juicio, fue escrita con una máquina de escribir hallada en el domicilio de Martínez Arkarazo, aunque éste aseguró ante el tribunal no recordar que tenía una.
ALEGA QUE "MINTIÓ" TRAS SU DETENCIÓN
La participación de los etarras en esta acción también quedaría demostrada, según ha señalado el fiscal, por la declaración que realizó este último terrorista tras su detención, cuando señaló que "hacía mucho" que la organización no utilizaba el envío de paquetes-bomba y "había que intentarlo". Martínez Arkarazo, que ha comparecido como testigo, se ha retractado de estas afirmaciones y ha dicho que se trataba de "mentiras que le obligaron a decir" los agentes que le custodiaban.
El paquete-bomba, que llevaba una pegatina de la patronal Confebask, contenía entre 210 y 230 gramos de dinamita Titadyn y habría podido causar "la muerte o lesiones muy graves como ceguera o graves amputaciones" a la persona que lo hubiera abierto. A pesar de que un hijo de Silván recogió el paquete, éste contactó con el supuesto destinatario para confirmar la autoría del envío y avisó a la Ertzaintza cuando se percató de que se trataba de una trampa.
El periodista dejó entonces el paquete en el exterior de la vivienda para que los agentes de la policía autónoma vasca procedieran a su explosión controlada. El atentado, que coincidió con el envío de otras dos bombas al vicepresidente del Grupo Correo, Enrique Ibarra, y a la periodista de Antena 3 Marisa Guerrero, fue reinvindicado por ETA en un comunicado fechado el 27 de marzo de 2002 en el diario 'Gara'.
