MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía solicitó hoy a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que incremente la condena de dos años de prisión impuesta en junio de 2009 a Zigor Goikoetxea, hermano del último jefe del 'comando Vizcaya' Arkaitz Goikoetxea, por amenazar de muerte a la concejal y portavoz del PP en la localidad de Getxo (Vizcaya) Marisa Arrúe. Considera que debe imponérsele una condena por un delito de atentado.
Las acusaciones particular, en representación de la propia Arrúe, y popular se adhirieron a la propuesta del Ministerio Público durante la vista por el recurso de casación que se celebró hoy*ante el alto tribunal. La defensa de Goikoetxea, por su parte, solicitó la libre absolución de su defendido, al entender que su conducta no puede tildarse de terrorista.
Durante su intervención, la representante de la la Fiscalía insistió en que Arrúe, a la que en un principio se refirió erróneamente como alcaldesa de Getxo, fue "insultada, atemorizada y amenazada", precisamente por ser edil y del PP, y esa condición "no se pierde en ningún momento".
La Audiencia Nacional consideró probado que el condenado se aproximó al grupo en el que se encontraba la concejal, a la que conocía por ser su convecino, le apuntó con un dedo y profirió la expresión "antes de cinco años te vamos a matar"
Añadió la fiscal que la amenaza fue de "una gravedad extrema, porque es el anuncio de un mal que luego, en muchas ocasiones, se realiza" y que por ello considera que la imposición de una condena por atentado "no es excesiva, sino adecuada". Durante el juicio por estos hechos en la Audiencia Nacional, la Fiscalía pidió una condena de seis años de cárcel para Goikoetxea.
Con esta posición coincidió el abogado de Arrúe, que indicó ante la Sala que no considerar este hecho como un atentado contra la autoridad supondría dejar desprotegido al colectivo de miembros de las corporaciones locales sin función propia en el País Vasco. Recordó además que, según narró su cliente, la agresión no sólo fue verbal, ya que se precisó la intervención de las fuerzas del orden para evitar que fuera a más.
CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO.
El letrado de la acusación popular insistió en incardinar al concejal como "sujeto pasivo del delito de atentado" y recordó la "campaña de hostigamiento a los concejales del PP en el País Vasco", así como "el terror que supone pensar distinto en esa situación".
Finalmente, el abogado defensor de Goikoetxea argumentó ante el alto tribunal que "en los últimos tiempos, los delitos de terrorismo se están estirando demasiado", ya que el de atentado, creado para hacer frente al terrorismo urbano, "ahora parece que se puede aplicar a cualquier circunstancia".
La defensa agregó que en este caso no se pudo demostrar la pertenencia de Goikoetxea "a ETA ni a ninguna de sus filiales", ni tampoco que su cliente estuviese actuando en el momento de los hechos al servicio de la organización. "No se trató de un hecho enmarcado en ninguna campaña de hostigamiento, sino un hecho puntual ocurrido en un mercado, donde Arrúe no acudió como concejal", apuntó.
La Sala que decidirá sobre este asunto está compuesta por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Carlos Granados y José Ramón Soriano, que será el ponente de la resolución.
Durante la celebración de la vista oral celebrada en su día en la Audiencia Nacional Arrúe relató el "miedo tremendo" que asegura sentir cada vez que ve a Goikoetxea e indicó que "este personaje la ha tomado" con ella y cada que le ve pasa "miedo".
El acusado, por su parte, aseguró a preguntas de su abogado que no participó en ningún tipo de "altercado" ni "incidente" y que ni siquiera vio a Arrúe el día de los hechos. Según su relato, estuvo en el establecimiento para pedir unos 'potes' de sidra y lo único que vio es que había un grupo de gente que estaba coreando cánticos dirigidos a la concejal.
Goikoetxea también fue condenado en 1999 a seis meses de prisión por actos de 'kale borroka' y se encuentra imputado por violencia callejera en un sumario que investiga el juez Baltasar Garzón, que dictó en su contra prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros.
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