Un Tedax asegura que la detonación de la furgoneta-bomba hubiera sido "devastadora" por sus efectos multiplicadores
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La fiscal de la Audiencia Nacional Blanca Rodríguez rebajó hoy de 39 a 29 años de prisión su petición de pena para los miembros de ETA Irkus Badillo, Gorka Vidal y Beñat Barrondo, presuntos integrantes de la denominada 'caravana de la muerte', al considerar probado que pretendían "causar un gran pánico" con la colocación en Madrid de una furgoneta-bomba con 536 kilos de explosivos que fue interceptada por la Guardia Civil en 28 de febrero de 2004 en Cañaveras (Cuenca).
La representante del ministerio público modificó sus conclusiones provisionales, al entender que uno de los dos delitos de estragos terroristas en grado de tentativa --el relativo a la colocación de la furgoneta, que les imputaba inicialmente--, está en realidad en concurso ideal con otro de tenencia y transporte de explosivos.
En su informe, la fiscal explicó que en el "concurso ideal se pena la fracción más grave en su grado máximo". Por tanto, la tenencia de explosivos queda "subsumida y absorbida" en el delito de estragos terrorismos en grado de tentativa, por lo que la pena máxima son 10 años de cárcel. Además, mantuvo el de pertenencia a organización terrorista, por el que pidió 10 años, y otro de estragos en grado de tentativa, por el que reclamó 9 años, resultando una pena de 29 años.
La fiscal expuso que los tres procesados aceptaron integrarse en ETA, siguiendo órdenes del entonces jefe de los "comandos", Gorka Palacios, y el actual dirigente de ETA, Garikotiz Aspiazu, "Txeroki", para cometer diversos atentados, entre ellos contra la estación de esquí de Baqueira-Beret, en Lérida, en la Navidad de 2003 y contra una zona industrial en Madrid, mediante la colocación de una furgoneta-bomba con 536 kilos de explosivos.
En este sentido, recordó las declaraciones prestadas ayer por los propios acusados en la vista oral. Vidal y Badillo reconocieron su intención de atentar contra dicha estación de esquí y con la colocación de una furgoneta-bomba en la capital, aunque trataron de exculpar a Barrondo de los hechos enjuiciados por haberse desvinculado de la banda terrorista 15 días después de haberse integrado en la misma, según dijo el mismo.
Respecto al atentado contra la estación de Baqueira-Beret, la fiscal indicó que Vidal acudió en septiembre de 2003 a Lérida para "inspeccionar el lugar" con el fin de ver "en qué zonas se podrían colocar 12 artefactos con una carga de 3 kilos de explosivos cada uno de ellos". Apuntó que finalmente el atentado no llegó a perpetrarse por las adversas condiciones meteorológicas, tal y como reconoció ayer el propio Vidal durante su interrogatorio.
"REPARTO DE PAPELES".
La fiscal aseguró que "no hay duda" que hubo "un reparto de papeles" entre los integrantes del "comando Gaztelu" para llevar a cabo el atentado en Madrid. Según explicó, los acusados acordaron que Vidal conduciría el coche cargado de explosivos, Badillo iría delante en un vehículo lanzadera y Barrondo conseguiría los móviles para que los últimos pudieran comunicarse durante el desplazamiento.
"No consiguieron su objetivo porque uno de ellos tuvo mala suerte y el resto del pueblo español tuvo buena suerte", subrayó la fiscal en referencia al accidente que sufrió Badillo en el término municipal de Taravilla, en Guadalajara. Pese a ello, prosiguió, "Gorka Vidal continuó su camino y, dos horas más tarde, fue sorprendido en un control rutinario de la Guardia Civil".
La fiscal subrayó que los tres procesados pretendían "causar un gran daño y un gran pánico" por la "cuantía de los explosivos". Así, aludió a las declaraciones prestadas por los Tedax que inspeccionaron la furgoneta, así como la de los peritos químicos, quienes certificaron que el artefacto explosivos estaba compuesto por 506 kilos de cloratita, 30 kilos de la marca Titadyne y 90 metros de cordón detonante de 12 gramos de pentrita.
"El artefacto estaba muy bien preparado porque se dispuso en capas para asegurar que la dinamita explotase al 100%", reseñó uno de los peritos del Departamento de Química de la Guardia Civil, respaldando la versión ofrecida por un Tedax que apuntó que "la detonación del artefacto explosivo hubiera sido devastadora por sus efectos multiplicadores".
CONTRA LA FAMILIA REAL.
El abogado Juan Carlos Segura, que ejerce la acusación popular en nombre de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), hizo suya la petición fiscal de 29 años de cárcel para cada uno de los acusados, al considerar probada su participación en los hechos que les imputan.
En su informe, Rodríguez Segura puso de relieve la intención de los acusados de atentar en lugares próximos a la familia real española, aludiendo a la estación de esquí de Baqueira-Betet y a la propuesta de la dirección de ETA al "comando Gaztelu" de colocar bombas en ocho torres de la conducción eléctrica de Madrid, coincidiendo con la boda del Príncipe Felipe y Letizia Ortiz.
Por su parte, la defensa de Vidal y Badillo, el abogado Iker Urbina, solicitó la libre absolución de sus patrocinados, al alegar que los delitos de estragos terroristas en grado de tentativa implican "una mínima peligrosidad", en contra de lo que mantiene la fiscal y el abogado de la AVT.
El letrado de Barrondo, Iñigo Iruin, realizó la misma petición que su compañero, pero planteó al tribunal que si se lo condena sea por un delito de colaboración con banda armada. Explicó que su cliente se desvinculó de ETA a los 15 días de integrarse y añadió que desconocía la intención de Vidal y Badillo para atentar en los lugares mencionados.
Vidal y Badillo tendrán que declarar, junto con el etarra Henri Parot, en el juicio que comenzará el próximo 15 de febrero en la Audiencia Nacional por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
