ETA.-Interior vasco denunciará ante el CGPJ al titular del Juzgado de Bilbao que le acusó de ocultar datos a la Justicia

Balza le acusa de "desproporción" y cree que incumplió el deber de custodia judicial al hacer "filtraciones"

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 13 diciembre 2006 14:23

VITORIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Interior está preparando una queja para presentarla ante el CGPJ contra el titular del Juzgado de instrucción número 8 de Bilbao, que solicitó la deducción de testimonio contra dos ertzainas por la presunta ocultación de datos en relación con los incidentes del pasado 10 de noviembre en la capital vizcaína, en los que se atacó a dos policías locales.

El consejero de Interior, Javier Balza, explicó que esta medida se debe a "la desproporción" de la decisión y a que la "filtración" de la resolución -que, a su juicio, se realizó por el juez o por el secretario judicial-, supone la "ruptura del deber de custodia judficial".

El responsable de Interior compareció hoy en comisión parlamentaria para informar, a petición del PP, de la actuación de la Policía vasca en los incidentes derivados de la disolución de una manifestación de Segi el pasado 10 de noviembre en Bilbao, por los que la Ertzaintza envió un atestado al Juzgado de guardia de Bilbao por un presunto delito de desórdenes y remitió un atestado diferente a la Audiencia Nacional por actos terroristas.

El juez instructor de Bilbao solicitó la deducción de testimonio contra dos agentes por estimar que esta actuación implicaba una presunta ocultación de datos a la Justicia.

Javier Balza explicó que los atestados redactados en aquella jornada fueron tres y que todos ellos se remitieron a diferentes instancias judiciales de acuerdo al artículo 789 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Dos de ellos se referían a la detención de dos personas por presuntos desórdenes y uno de ellos fue enviado al Juzgado de guardia, mientras que el otro se remitió a la Fiscalía de Menores debido a que el detenido no había alcanzado la mayoría de edad.

El tercero, en el que no se incluían detenidos y que recogía el intento de quemar vivos a dos policías locales, fue presentado ante la Audiencia Nacional por tratarse de un presunto delito de terrorismo. El consejero defendió este modo de proceder, al que según dijo, "obliga" la propia Ley de enjuiciamiento criminal.

Además, ante las afirmaciones del juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, de que la actuación de la Policía fue "insólita" subrayó que, en lo que va de año, la Ertzaintza ha efectuado ya 12.300 atestados "con estos mismos criterios".

Balza destacó que, al actuar como Policía judicial, la Ertzaintza ha de hacer una calificación previa del delito que imputa al detenido, sin perjuicio de su posterior modificación en el Juzgado correspondiente.

"TRASFONDO POLITICO"

El consejero lamentó que "una discrepancia meramente formal" haya desembocado en "un conflicto con trasfondo político". Además, aseguró que esta polémica "se promueve por dos interesados". A su juicio, uno de ellos es "quien desde el Juzgado de instrucción número 8 de Bilbao incumple sus deberes legales de custodia y realiza una filtración tendenciosa". El segundo, serían "los escasos medios de comunicación que han querido convertir esa diferencia formal en el trasnochado discurso de la falta de voluntad de la Ertzaintza para perseguir delitos de terrorismo".

Ante la "filtración interesada" de la deducción de testimonio a dos agentes antes de que éstos conocieran esa decisión, Javier Balza mostró su deseo de que "el magistrado correspondiente tenga las mismas obligaciones de tener que responder de lo mal que ha realizado su trabajo de custodia, él o el secretario judicial".

Ante esta situación, anunció que su Departamento ya está preparando la presentación de una queja ante el CGPJ, a pesar de su "escasa" confianza en que esta medida pueda "prosperar".

Balza explicó que la queja se basa en dos motivo, el primero de los cuales sería "la ruptura del deber de custodia judicial" que supone la citada filtración. El segundo supondría, a su juicio, "la clara desproporcion en la decisión del magistrado de deducir testimonio por unas cuestiones como obstrucción a la Justicia, cuando todo el mundo, incluido él sabe que la Justicia estaba conociendo del asunto".

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