MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha dejado en libertad bajo fianza a los presuntos miembros de Askapena David Soto Aldaz y Aritz Gamboa de Miguel y a la supuesta integrante de SEGI Itxaso Torregrosa, todos los cuales están imputados de un delito de integración en organización terrorista, informaron fuentes jurídicas.
La puesta en libertad de Soto y Gamboa, supuestos responsables de Organización del colectivo que constituía el frente internacional de ETA, ha sido adoptada por el juez Pablo Ruz, que les ha impuesto sendas fianzas de 60.000 euros, comparecencias diarias, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.
Ambos fueron enviados a prisión el pasado 30 de septiembre por actuar como "representantes de todas las organizaciones representativas del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) con proyección internacional" y llevar a cabo esta labor cumpliendo "directrices previamente establecidas por los responsables de ETA".
El objetivo de Askapena, según el juez Ruz, era "recabar apoyos exteriores a sus reivindicaciones y brindar el del conjunto organizativo del MLNV a organizaciones y entidades implicadas en procesos revolucionarios o de liberación nacional y social". Como ejemplo de este trabajo, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Omar Arturo Zabala Padilla, conocido con el alias de 'Lucas Gualdrón', participó en el año 2006 en unas jornadas organizadas de forma "mancomunada" por Batasuna y Askapena.
INTEGRANTE DE LA "ACADEMIA TERRORISTA"
Por otra parte, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado, con el criterio en contra de la Fiscalía, que Itxaso Torregrosa Arteaga pueda abandonar la cárcel si deposita una fianza de 30.000 euros. Para asegurar que se someterá a la acción de la justicia, se le han impuesto, además, comparecencias semanales en el juzgado más próximo a su domicilio.
Torregrosa Arteaga ingresó en prisión en noviembre de 2009, junto a otros 30 presuntos miembros de SEGI, después de que el juez Fernando Grande-Marlaska considerara acreditada su integración en SEGI, organización a la que definió como "un tentáculo de ETA" y "una auténtica academia terrorista".
En un auto del que ha sido ponente la magistrada Angeles Barreiro, el tribunal acoge la pretensión de su defensa, que alegó que la imputada, que tiene 25 años, ha compaginado sus estudios con un trabajo como educadora de residencias de protección en la granja-escuela de la Fundación Ilundain Haritz-Berri de Burlada (Navarra) y tiene que someterse a revisiones médicas periódicas.
El tribunal, sin embargo, le impone las citadas medidas cautelares en ateción a los efectos que se hallaron en el local de la calle Ezpondoa de Burlada y que, según la investigación, era el lugar de reunión de un 'talde' de ETA.