Actualizado 25/11/2022 21:07

La Eurocámara dice ante el TGUE que permitió a Puigdemont ocupar el escaño "probablemente de manera ilegal"

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Los exconsellers de Junts se reúnen con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas - JUNTS

LUXEMBURGO, 25 (EUROPA PRESS)

El abogado Norbert Lorenz, que defiende al Parlamento Europeo en el asunto sobre la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido este viernes en la vista del Tribunal General de la Unión Europea que la institución ha tenido un trato "extremadamente abierto" con el líder independentista hasta el punto de permitirle ocupar el escaño "probablemente de manera ilegal" porque lo hizo sin que España le proclamara eurodiputado.

"Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y, como hemos visto por una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento Europeo nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España", ha expresado el letrado en su exposición al inicio de una vista que se ha alargado durante cinco horas en Luxemburgo y ha quedado ya lista para sentencia.

El abogado de la Eurocámara reaccionaba así a la primera intervención de la defensa de Puigdemont y los otros dos exconsellers huidos de la justicia española elegidos eurodiputados por JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, que ha alegado que la institución no respetó los derechos de sus representados al tramitar los suplicatorios para suspender sus inmunidades y ser juzgados en España.

"Les pedimos que protejan a mis clientes del propio Parlamento Europeo", ha expuesto el abogado de los políticos independentistas en su intervención inicial durante la vista, Gonzalo Boye.

Tras escuchar al letrado europeo, Boye ha interpretado que con esas palabras adelantaba que la Eurocámara está "considerando retirarles el escaño", en alusión a la respuesta pendiente de la presidenta de la institución europea a la carta de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de noviembre informando de que no acreditará a los tres electos de JxCAT mientras no acaten la Constitución española.

Sin embargo, al advertir de que "probablemente" Puigdemont, Comín y Ponsatí ocuparon su escaño en contra de lo que establece la ley, el abogado Norbert Lorenz se ha apoyado en una sentencia dictada el pasado mes de julio y por la que el TGUE desestimó otro recurso contra la Eurocámara por negarles inicialmente el escaño.

En aquel fallo, el tribunal con sede en Luxemburgo expuso que la decisión de negarles ocupar el escaño no deriva del presidente del Europarlamento, sino de la aplicación del derecho español. La Justicia europea precisó que el entonces presidente de la Eurocámara se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central.

"El Parlamento Europeo, en realidad, tuvo un comportamiento extremadamente abierto y correcto con los demandantes y ha tratado de manera totalmente correcta los suplicatorio de suspensión de inmunidades", ha concluido el abogado de la Eurocámara.

DEROGACIÓN DE LA SEDICIÓN

En su exposición, el abogado del expresidente catalán ha evocado también la reforma para la derogación del delito de sedición que se tramita en España tiene por objetivo facilitar su entrega a la justicia española lo que, a su juicio, pone en evidencia la "persecución política" que sufre y refuerza la necesidad de mantener la inmunidad que le asegura el escaño como eurodiputado.

"Es público y notorio que varios ministros y el propio (presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez, han estado diciendo que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España", ha defendido. Boye además ha denunciado escuchas ilegales tanto de las comunicaciones de los tres políticos como de las suyas con el programa 'Pegasus' para sostener que las investigaciones "no han sido judiciales, sino políticas".

"¿Cuántos cambios en códigos penales en los Estados miembro conocen para obtener una extradición? Yo sólo este", ha remachado Boye a los seis magistrados que componen la sala del Tribunal General europeo que examina el caso, cuya sentencia --ante la que cabrá recurso-- se espera para el primer trimestre de 2023, aunque no hay fecha fijada aún.

También ha planteado que el Tribunal debería "analizar" las consecuencias para el caso si finalmente culmina la reforma en España para derogar la sedición por que podría dejar "vacío" de contenido el recurso, ha dicho, en especial en el caso de Clara Ponsatí que sólo es reclamada por el delito de sedición, a diferencia de Puigdemont y Comín, a los que además de este delito son reclamados por malversación. Ni los magistrados ni los abogados de las otras partes han reaccionado a este argumento.

IMPARCIALIDAD DEL PE

El abogado también ha defendido la independencia de la comisión parlamentaria encargada de analizar los suplicatorios y que la defensa cuestiona por estar presidida por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez y porque el ponente de los tres informes sobre los suplicatorios es un eurodiputado búlgaro del grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) al que también pertenece Vox.

En este punto, Boye ha querido remarcar que la defensa de los líderes independentistas remitió a la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) miles de páginas en documentación para contestar los suplicatorios y ha considerado "increíble" que los eurodiputados pudieran examinar ese volumen de información y tomar una decisión en apenas una semana.

"El Parlamento Europeo no ha tenido en cuenta nuestros argumentos", ha afirmado el abogado de Puigdemont, a lo que la jueza ponente de la sala Sexta ampliada que examina el caso, la chipriota Anna Marcoulli, ha replicado considerando entendible que europarlamentarios realicen un examen menos exhaustivo de los textos de lo que harían expertos jurídicos.

La defensa de los tres eurodiputados ha dedicado gran parte de la vista a tratar de demostrar que la aprobación de los tres suplicatorios fueron el resultado de un proceso parcial guiado por eurodiputados --el ponente y el presidente de JURI-- con posiciones políticas críticas con el independentismo y partidarias del enjuiciamiento de los reclamados por la Justicia española.

El abogado de la Eurocámara, por su parte, ha rechazado los alegatos y asegurado que los demandantes no han logrado presentar "ni un atisbo de prueba de que ni el presidente ni el ponente no fueran imparciales"; al tiempo que ha advertido de que con la interpretación del equipo legal de Puigdemont se "paralizaría" la actividad de la Eurocámara en tanto en cuanto ningún ponente podría ser considerado imparcial, puesto que "todos los miembros tienen sus ideas políticas en cuestiones que les importan tanto como a los demandantes la independencia de Cataluña".

En este contexto, la jueza ha preguntado a Boye si no estaba "subestimando" a los miembros del Parlamento europeo en su exposición y se ha mostrado "segura" de que si se hubieran dado "violaciones flagrantes" durante la tramitación de los suplicatorios los propios eurodiputados de JURI hubieran "reaccionado".

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