Ex concejal PP de Gijón reconoce haber grabado reuniones internas del partido y le piden 40.000 euros por daños morales

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex militante y ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón, Emilio Noval, reconoció hoy haber grabado las cintas de una comisión paritaria del PP, que posteriormente expuso ante los medios de comunicación el verano de 2008.

Así lo manifestó hoy ante el juez, en el Penal número 1 de Gijón, donde se celebró el juicio en el que Noval estaba acusado de descubrimiento y revelación de secretos. El ex edil popular afirmó que antes de hacer públicas las grabaciones las envió a la dirección regional y nacional del partido, porque no estaba de acuerdo con las manifestaciones que estaban realizando sus compañeros de formación, y ante el silencio de ambas directivas, decidió acudir a los medios de comunicación.

Emilio Noval afirmó que en aquellas reuniones se dijeron auténticas "barbaridades políticas" que consideró hacer públicas porque se estaba engañando a las personas que habían depositado su confianza en el Partid Popular de Gijón.

Noval ratificó haber hecho públicas las grabaciones y apuntó que son fragmentos de largas conversaciones, aunque rechazó tajantemente que éstas estuvieran sesgadas y manipuladas, tal y como afirman lo concejales del PP implicadas en ellas, Luis Crego, Eduardo Junquera y Pedro Muñiz.

Mientras, Junquera aseguró que las cintas le perjudicaron personalmente y destacó que el único objetivo de Noval era hacerles daño a ellos y al partido. Por su parte, Luis Crego asumió el conjunto del debate que se llevó a cabo en aquella reunión, pero no los fragmentos sesgados, dijo, "que solamente pretenden hacer daño".

Ministerio Público y acusación estuvieron de acuerdo a la hora de solicitar la pena de cárcel, que fijaron en dos años y seis meses. Difirieron, no obstante, en las indemnizaciones. Mientras que la Fiscalía solicitó 10.000 euros para el Grupo Municipal Popular y 5.000 euros para cada uno de los tres ediles populares, por daños morales, la acusación popular pidió igualmente 10.000 euros para el Grupo Popular y otros 10.000 euros para cada uno de los ediles del PP damnificados por estas grabaciones.