Afirma que "jamás" tuvo "conciencia de que se estaba infringiendo" la ley de las televisiones privadas MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de Telecinco y ex director general de la ONCE, Miguel Durán, negó hoy en el juicio que sigue la Audiencia Nacional contra él y otros siete ex accionistas de la cadena de televisión por presuntas irregularidades cuando estaban al frente de su gestión, que Divercisa, sociedad a través de la cual la ONCE adquirió un 25% del accionariado de Gestevisión Telecinco, hubiese superado el límite máximo de participación previsto en la ley de la televisión privada en España.
En la segunda sesión del juicio, que se reanudó ayer con el inicio de los interrogatorios a los acusados, Durán, quien se enfrenta a 14 años de prisión y multas de 103 millones de euros por presuntos delitos fiscales, insistió ante el tribunal que Divercisa "nunca" compró el 10% de las acciones de Telecinco que vendió el fallecido Juan Fernández Montreal a finales de 1989 cuando surgieron las primeras divergencias en el Consejo de Administración de la cadena.
El reparto de las acciones se había constituido de la siguiente manera: un 25 % lo adquirió la ONCE, a través de Divercisa; ese mismo porcentaje lo adquirió el Grupo Anaya, a través de Cecisa; el grupo italiano presidido por el ex primer ministro Silvio Berlusconi Fininvest adquirió otro 25%; Promociones Calle Mayor adquirió un 10% y un 15% Juan Fernández Montreal.
Tras el abandono del Grupo Anaya y Fernández Montreal del accionariado, el Consejo de Administración de la cadena acordó con Durán que éste vendería ambas participaciones. Según declaró ayer, el empresario Javier De la Rosa adquirió ese porcentaje por 6.000 millones de pesetas", pero en realidad Durán vendió por ese importe sólo la participación de Cecisa --un 25%-- a De la Rosa, que representaba a Tibidabo. La fiscal Pilar Melero mantiene que del 15% restante, el 10% se lo quedó Divercisa y el 5% Promociones Calle Mayor.
POR ENCIMA DEL LÍMITE
Preguntado por la fiscal si Divercisa tenía más acciones de lo permitido, Durán aseguró que en esos momentos "Fernández Montreal era propietario de varias empresas y existía el riesgo de que los acreedores se hiciesen con ese 10% de acciones", lo que, según dijo, "prueba que esas acciones nunca fueron nuestras". Asimismo, Durán, a quien el Consejo de Administración dio la potestad para buscar compradores de las acciones, aseveró que su función en la presidencia de la cadena "no consistía en instrumentalizar operaciones" de este tipo.
Respecto a esta cuestión, el ex director general de la ONCE explicó que el 10% de las acciones de Fernández Montreal quedaron apartadas del mercado durante "algo más de un año y medio", al no haber conseguido la pertinente autorización administrativa para ello. Momentos más tarde se desdijo de esta afirmación y relató que en diciembre de 1990 se realizó una primera venta de acciones a la sociedad Invermedia, que luego las traspasó a la compañía Asesores Jurídicos Tributarios --propiedad del acusado Santiago Muñoz Machado-- y, a continuación, se vendió a Servifilms Spain Cinematográfica.
Según la fiscal, todos estos traspasos de acciones se realizaron obviando las pertinentes autorizaciones administrativas y, por tanto, vulnerando la ley de televisiones privadas. Ante esta acusación, Durán, que continuará con su declaración el próximo lunes, afirmó que "nunca" estuvo en su "ánimo ocultar nada a la Administración Pública" y añadió que ésta "inexplicablemente nos dio muestras suficientes para tener dudas de su comportamientos".
Preguntado sobre por qué en las cuentas anuales de la cadena las acciones aparecían a nombre de Fernández Montreal cuando ya se había vendido, el ex director general de la ONCE insistió en que "no está en las funciones del presidente formular cuentas anuales" y señaló que "jamás" tuvo "conciencia de que se estaba infringiendo" la ley que regulaba el régimen jurídico de las televisiones privadas.
