JAÉN, 6 May. (EUROPA PRESS) -
Los representantes legales del ex jefe de la Oficina de Extranjería de Jaén implicado en una supuesta trama de irregularidades en la concesión de los permisos de residencia han remitido al juzgado un escrito para que se pronuncie sobre su petición de practicar dos nuevas diligencias para intentar demostrar la inocencia de su cliente.
Según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, desde que se registró en el juzgado de instrucción número uno de Jaén la apertura de estas diligencias "no consta" resolución alguna al respecto, por lo que criticaron que el proceso "está parado".
La defensa registró un escrito en el citado juzgado en el que solicita que la Oficina de Extranjería aclare "cómo han terminado los expedientes" de los inmigrantes que denunciaron que se les había denegado el permiso porque no habían accedido a pagar las cantidades que presuntamente se les reclamaba de manera fraudulenta para que la tramitación les resultara favorable.
Las citadas fuentes explicaron que el acusado sostiene que esos expedientes fueron rechazados porque "no se ajustaban a la ley" al no reunir los requisitos exigidos, negando cualquier otra razón para su desestimación.
La segunda diligencia que se pide al juzgado es la designación de nuevos peritos que revisen las resoluciones que el acusado firmó para ver "si se ajustaban o no a la ley", de modo que se pueda determinar si la denegación de los permisos solicitados "obedece a lo que supuestamente se le atribuye o a la falta de requisitos" por parte de los inmigrantes demandantes.
La última novedad destacada en este procedimiento judicial se produjo el 22 y el 23 de noviembre de 2004, después de que dos ciudadanos extranjeros denunciaran que habían sido objeto de "presuntas coacciones" para testificar "en contra de los imputados", si bien no llegaron a hacerlo finalmente.
En ese mismo mes, seis de los siete inmigrantes que denunciaron la presunta trama de irregularidades declararon en el juzgado que no habían visto "nunca" ni habían tenido "relación directa alguna" con el ex funcionario jefe de Extranjería imputado, José B.S, por lo que sus abogados ya estuvieron sopesando hace unos meses la posibilidad de pedir el archivo de la causa.
Tanto José B.S. como el segundo imputado, Rashid A., se encuentran en libertad bajo fianza tras pasar un breve periodo en prisión. El primero fue cesado como jefe de la Oficina de Extranjería en octubre de 2004 tras ser detenido y acusado de haber cometido presuntamente delitos de prevaricación, cohecho y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Los dos últimos también le fueron imputados a Rashid A.
Según las pesquisas policiales y las denuncias efectuadas por inmigrantes, esta red se dedicaba presuntamente a la autorización irregular de inmigrantes cobrando entre 3.000 y 6.000 euros a cambio de la concesión o renovación de los permisos de residencia.
