Actualizado 09/12/2021 14:27

El ex viceministro venezolano Nervis Villalobos reclama los informes que avalan la ayuda de la SEPI a Duro Felguera

Archivo - El que fuera viceministro de Energía Eléctrica del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos.
Archivo - El que fuera viceministro de Energía Eléctrica del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. - TWITTER/@LA_PATILLA - Archivo

Argumenta que si el Estado inyecta dinero en la empresa es porque no ve actuación delictiva en ella

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela Nervis Villalobos ha solicitado al juez que investiga el caso 'Duro Felguera' que reclame los informes que manejó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que le llevaron a concluir que la empresa asturiana era merecedora de una ayuda de 120 millones de euros, al considerar que esta inyección de dinero público revela la "inconsistencia" de las acusaciones penales contra la compañía y, por ende, contra él.

En un escrito del 2 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Villalobos pide al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que ordene a la SEPI entregar "la totalidad de los informes --tanto los internos como los que se haya recabado de asesoramiento externo financiero y jurídico-- (...) que les hayan llevado a concluir el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad para estas ayudas" por parte de Duro Felguera y sus filiales.

A este respecto, indica que la ley exige, entre otros criterios para recibir dichas ayudas, que la compañía receptora "no haya sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes o exacciones fiscales o delitos urbanísticos".

En esta causa se investigan presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales por los pagos que Duro Felguera habría hecho a altos cargos del Gobierno venezolano en la época de Hugo Chávez para que favorecieran a la mercantil española en sus contrataciones.

Los abogados del ex viceministro subrayan que "la pena prevista para la persona jurídica responsable de un delito de cohecho internacional consistiría en una pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido y, además, la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas".

Con todo, entienden que "la SEPI, a la hora de verificar la concurrencia de los requisitos previstos para la concesión de la ayuda, no ha valorado como relevante la posibilidad de que Duro Felguera pueda llegar a ser condenada (...) o, al menos, no habría dado crédito a esta posibilidad que, de producirse, cuestionaría seriamente el Plan de Viabilidad", dado que se enfrenta a posibles "reclamaciones multimillonarias".

Y, en consecuencia, afirman que, "de la entrega por el Estado de 120 millones de euros de fondos públicos a Duro Felguera se deduce la inexistencia de indicios serios de que esta entidad hubiera entregado 105 millones de dólares a terceros en comisiones ilegales, como sostiene la Fiscalía". "Es una señal evidente de que, para el Estado, esta empresa no se encuentra implicada en ninguna actuación delictiva", subrayan.

La defensa explica que esto es relevante por cuanto, si a través de los informes de la SEPI se demuestra que "Duro Felguera recibe ayuda pública y actuó conforme a la legalidad al contratar y abonar sus honorarios a sus agentes comerciales en Venezuela", incluido Villalobos, quedaría igualmente demostrada la inocencia de este último como administrador de INGESPRE, uno de los agentes contratados por Duro Felguera.

A su juicio, "la inconsistencia de las imputaciones penales" contra Duro Felguera y contra el que fuera 'número dos' de Energía Eléctrica de Venezuela "se ha puesto de manifiesto recientemente con la decisión del Estado de conceder una serie de ayudas públicas a esta empresa", puesto que --esgrime-- "no se hubieran concedido de manejarse la eventualidad de una condena por corrupción".

Además, llama la atención sobre el hecho de que, mientras Duro Felguera recibe ayudas públicas, Villalobos "tiene trabados activos depositados en el banco Mirabaud&Cie a resultas de sus eventuales responsabilidades en este procedimiento" judicial.

DINERO DESEMBOLSADO

Los abogados de Villalobos recuerdan que el Gobierno acordó en su Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo autorizar un apoyo financiero de 120 millones de euros a Duro Felguera con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, después de que ésta realizara el estudio correspondiente concluyendo que cumplía todos los requisitos legales. La empresa tendrá siete años para amortizar en su totalidad los préstamos que reciba.

El dinero se entregó en dos tramos, un primero de 40 millones de euros que se desembolsó ese mismo mes y un segundo de 80 millones de euros que se materializó el pasado noviembre. Además, el Principado de Asturias concedió otra ayuda financiera de 6 millones de euros a Duro Felguera en el marco del FASEE, añaden.

Al cobrar el segundo tramo, según resalta la defensa de Villalobos, Duro Felguera informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que "se destinará a atender las necesidades operativas y financieras de la sociedad y su grupo de filiales en los términos previstos en el Plan de Viabilidad", mencionando específicamente entre estas filiales a la UTE TERMOCENTRO, así como a Turbogeneradores y Mopre Montajes de Venezuela.

EL CASO

La Fiscalía sospecha que, a través de contratos de asesoramiento y asistencia técnica con Técnicas Reunidas y con INGESPRE, los responsables de Duro Felguera entregaron al menos 105,62 millones de dólares a Villalobos para que utilizase su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de la compañía.

Uno de los contratos analizados por el instructor es el que Duro Felguera firmó en 2009 con Electricidad de Caracas (EDC), una filial de Corpoelec, para construir una central de ciclo combinado, Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros con el objetivo de atender la creciente demanda eléctrica de la capital venezolana y su área de influencia.

En un reciente escrito, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado, también investigado en esta causa, aseguró que quienes tenían "total capacidad de decisión" en los contratos que se hacían en el sector energético de la nación caribeña eran el entonces ministro del ramo, Rafael Ramírez, y el propio Chávez.

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