El exministro Sebastián se opone al archivo para BBVA al existir "evidencias claras" de la contratación de Villarejo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Industria Miguel Sebastián se ha opuesto a la petición de archivo de BBVA en la macrocausa 'Tándem' al existir "evidencias claras" de que la entidad contrató al comisario jubilado José Manuel Villarejo para acometer presuntamente una serie de encargos ilegales.

En un escrito, recogido por Europa Press, la representación del exministro asegura que en la causa se aprecia "no solo una, sino múltiples evidencias de que directivos del BBVA incluido su presidente por aquel entonces, Francisco González, conocían que en la empresa CENYT", el grupo de Villarejo, "prestaban servicios miembros de la Policía Nacional".

Eso, explica, "motivó su contratación directa saltándose el procedimiento establecido para la selección de proveedores" por parte del propio González y "a indicación de Julio Corrochano" --ahora exjefe de Seguridad del banco-- que, "por su condición de policía en excedencia y amigo personal de Villarejo, conocía no solo su situación de policía en activo, sino también su acceso a fuentes reservadas de información y los métodos paralegales e ilegales que utilizaba".

En su escrito, Sebastián también se refiere al argumento esgrimido por el banco de que "toda la responsabilidad por los hechos investigados es atribuible exclusivamente a los autores de las infracciones y nunca" a la propia entidad, que habría sido ajena "por desconocimiento de las vulneraciones de carácter penal cometidas por personas físicas integradas en su estructura organizativa".

"PURO MAQUILLAJE ESTÉTICO"

"De ser cierta tesis, la responsabilidad del banco como tal persona jurídica no puede ser más clara, pues ello indicaría que los controles establecidos en el programa de cumplimiento y, anteriormente, por las normas internas derivadas de la doctrina FG (Francisco González) eran un puro maquillaje estético carente de toda eficacia como lo acreditaría la incapacidad para reaccionar ante de las denuncias reiteradas de los medios de comunicación", denuncia el extitular de Industria.

Eso sería así, incide, "salvo que se estime que, a estos efectos, el banco era un autista consciente, colocándose en una situación" que el Tribunal Supremo ha "caracterizado de ignorancia deliberada". Una posición en la que "cuando pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto" se habría mantenido "en una situación de no querer saber".

En este contexto, Sebastián ha puesto de relieve "los errores de diseño, la cobertura meramente formal y la no aplicación interesada del programa de cumplimiento normativo del BBVA lo que explica su ineficacia para prevenir los riesgos de comisión de ilícitos y la falta de controles para monitorizar las decisiones del personal directivo y, en particular, las del presidente de la entidad".

A su juicio, "solo así se comprende la falta de reacción del BBVA cuando las irregularidades denunciadas en los medios de comunicación ya alcanzaban la dimensión de escándalo político-financiero y que, cuando reaccionó con alguna medida de averiguación, ésta obedeciese ya a la estrategia de defensa diseñada por los abogados del banco".

"AMINORAR" EL IMPACTO DE LOS HECHOS

"Está claro que durante todos esos años, nunca existió una verdadera cultura de cumplimiento en la cúpula de la organización y que los sucesores han intentado orillar y aminorar el impacto de aquellos hechos, antes que colaborar con la acción de la justicia", opina el exministro.

En esta pieza número 9 de Tándem, donde tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 investiga los servicios contratados por el banco a CENYT --buque insignia del grupo empresarial de Villarejo-- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.