MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una decena de familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo acudieron hoy a la Audiencia Nacional para reclamar "justicia y reconocimiento" para sus antepasados y solicitar al juez Baltasar Garzón que instruya las ocho denuncias que han presentado ante este tribunal pese al criterio de la Fiscalía, que solicitó el archivo de las causas al entender que los delitos prescribieron por la Ley de Amnistía de 1977.
Teófilo Goldaracena, que ha denunciado la muerte de sus abuelos a manos de la Guardia Civil en Aranda de Duero (Burgos) en agosto de 1936, explicó a las puertas de la Audiencia que la investigación de estos hechos como crímenes de lesa humanidad permitiría "hacer justicia y dignificar el nombre de las víctimas".
El abogado que ejerce la acusación en la causa, Fernando Magán, explicó, por su parte, a Europa Press que las asociaciones no han recibido "ninguna noticia" sobre la situación en que se encuentran las denuncias, que fueron presentadas, respectivamente, en diciembre de 2006 y julio de 2007.
Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).
Los denunciantes señalaron en un comunicado que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada "no es conforme al Derecho Internacional".
A su juicio, el Estado tiene "la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares", ya que esta búsqueda constituye "una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares".
DELITOS PERSEGUIBLES
Denuncian igualmente que en la actualidad "no existe un mecanismo administrativo ni judicial efectivo que garantice a los familiares de desaparecidos la investigación y localización de estas personas con todas las garantías y de acuerdo con el Derecho Internacional contemporáneo".
Según estos colectivos, los asesinatos que se produjeron durante la Guerra Civil y en los años de la posguerra "eran constitutivos de delito en el momento de su comisión, tanto de acuerdo con el Código Penal vigente de 1932, como de conformidad con el Derecho Internacional humanitario", que establece la obligación de buscar a los desaparecidos durante un conflicto.
