ZARAGOZA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) rechaza la propuesta del PP de aplicar la Ley Penal del Menor a niños de 12 y 13 años para delitos de especial gravedad, informan en una nota.
Los responsables de FAPAR exigen "que no se utilice a nuestros hijos e hijas con fines electoralistas, y esta propuesta no podemos dejar de contextualizarla en el clima de precampaña electoral, donde parece que todo vale con el único fin de obtener votos fáciles".
Esta propuesta "no responde a una realidad existente ni en el conjunto de la sociedad española, ni en la aragonesa en particular", donde, con la aplicación de la actual Ley del Menor el año pasado se obtuvieron 606 reparaciones extrajudiciales, que han servido para reinsertar y formar adecuadamente a otros tantos chicos y chicas de Aragón, cuyas conductas habían sufrido algún tipo de disfunción.
Además, "en nuestra Comunidad, no hay ningún caso de esas características en esas edades, por lo que lanzar este tipo de propuestas, no hace sino generar un alarmismo social falso e innecesario y criminalizar a nuestros jóvenes, ya que, afortunadamente, nuestros chicos y chicas de 12 y 13 años no obedecen a los comportamientos descritos. Cualquier situación grave y excepcional debe tratarse como tal, sin dar carácter general a lo que no lo es".
La propuesta, de llevarse a efecto, "no supondría sino un fracaso absoluto de nuestro sistema educativo y jurídico. Estamos hablando de niños con edades en las que la principal prioridad de los poderes públicos debe ser educativa y no punitiva".
A los dirigentes de FAPAR les parece una grave contradicción "negar la educación en valores en la escuela y paralelamente ofrecer medidas desproporcionadas y exclusivamente punitivas. A los chicos y chicas se les están exigiendo responsabilidades no acordes con su edad ni con su proceso de madurez vital".
Asimismo, "instamos al PP y a todos los partidos políticos a que incluyan en sus programas electorales propuestas encaminadas, por un lado a incrementar las dotaciones económicas destinadas a los servicios públicos fundamentales como la educación y los servicios sociales, dotando de más medios a los profesionales que en esta materia están trabajando, para que puedan realizar la prevención, y por otro ofreciendo a las familias los apoyos sociales necesarios que les permitan formar adecuadamente a sus hijos".
