La FEMP tacha de "flagrante cesión" la asunción de Cataluña de la gestión de los secretarios e interventores municipales

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha tachado de "flagrante cesión de competencias estatales" el acuerdo alcanzado este viernes entre PSOE y Junts que permitirá a la Generalitat de Cataluña asumir la gestión integral de los funcionarios de la administración local con habilitación estatal, es decir secretarios, interventores y tesoreros municipales.

En un comunicado, la también alcaldesa de Jérez ha manifestado su contrariedad a que los municipios catalanes se traten "de una manera diferente a los ayuntamientos de todo el país" y ha insistido en que "los secretarios e interventores sean un cuerpo nacional".

"Es la única manera de garantizar que todos los ayuntamientos españoles nos rijamos por la misma ley. Todos tenemos derecho a ser tratados de la misma manera", ha agregado.

El texto ha recordado que los propios colectivos y asociaciones de secretarios interventores "rechazan" este acuerdo, así como lo hace la Comisión de Función Pública de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por la alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández.

LOS DETALLES DEL PACTO ENTRE JUNTS Y PSOE

En un comunicado, PSOE y Junts explican que el acuerdo se materializa a través de una disposición adicional específica para Cataluña en la citada ley, que atribuye a la Generalitat las facultades de creación, clasificación y supresión de puestos; aprobación de la oferta de empleo público; procesos de selección, nombramiento y procesos de provisión, y gestión administrativa integral de estos funcionarios.

Se trata, según Junts, de un avance reclamado desde hace tiempo por el mundo local, y con ello consideran que dan cumplimiento al compromiso adquirido con el PSOE para la convalidación de los reales decretos en enero de 2024 relativo "al reconocimiento de la posición singular en materia institucional de la Generalitat como consecuencia de los derechos históricos y la tradición jurídica catalana".

También defienden que contribuirá a revertir la situación crítica que, a su juicio, sufren muchos ayuntamientos catalanes "donde el 66% de puestos de secretaría, intervención y tesorería se encuentran vacantes u ocupados interinamente, generando graves disfunciones".