El fin de la legislatura deja sin reformar tres Estatutos que eliminan aforamientos en Baleares, Cantabria y Murcia

Publicado: viernes, 15 febrero 2019 12:03

En el caso de las islas, está en el aire además el nuevo Régimen fiscal balear (REB) que ya Montoro y Armengol pactaron aprobar en 2018

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia, Cantabria y Baleares iniciaron en esta legislatura la reforma de sus Estatutos de Autonomía para eliminar el aforamiento de sus parlamentarios, de manera que los que se presentaran a las elecciones de mayo lo hicieran ya sin esta protección. Pero estas reformas están pendientes de aprobar por el Congreso y el Senado y el final de la legislatura las deja va a dejar congeladas.

El debate sobre el aforamiento de los políticos cobró protagonismo el año pasado por el anuncio del propio Gobierno de que iba a estudiar una reforma constitucional para eliminar esta prerrogativa, por la que diputados y senadores no son juzgados por los tribunales ordinarios sino únicamente por el Supremo. La idea sin embargo no llegó a traducirse en una propuesta.

Pero en el caso de los diputados autonómicos es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa y varias lo hicieron: Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares reformaron sus Estatutos de Autonomía y los enviaron al Congreso para su aprobación, pero sólo la primera ha superado todos los tramites y tiene la reforma ya en vigor. Canarias es la única comunidad autónoma cuyos próximos diputados, los que sean elegidos el 26 de mayo.

Las reformas van dirigidas a asegurar la inviolabilidad de los políticos sobre las opiniones que manifiesten en actos parlamentarios y por lo que decidan votar sobre leyes y otras iniciativas. Por todo lo demás podrán ser inculpados, procesados y juzgados si así lo deciden jueces ordinarios, no los tribunales superiores de su Comunidad.

Murcia espera su turno en el Congreso desde mayo de 2017, cuando presentó una reforma parcial del Estatuto para eliminar el aforamiento, regular la moción de censura y la cuestión de confianza. La iniciativa está en fase de Comisión.

Después llegó la reforma cántabra, en diciembre también de 2017, con el único objetivo en este caso de acabar con este fuero especial. Esta reforma espera también turno en la Comisión Constitucional.

En teoría, estas dos reformas podrían salir adelante en los próximos días con la unanimidad de todos los partidos y si se exprimieran al máximo los trámites, así que la probabilidad es muy pequeña.

El tercer Estatuto que encalla es el balear. El Parlamento de las islas entregó en el Congreso la reforma el pasado mes de diciembre, ya con pocas posibilidades de que se aprobara antes de las autonómicas aún sin adelanto electoral. Casualmente, su admisión por el Pleno del Congreso está prevista para este martes, así que al menos entrará en las Cortes antes de que se disuelvan.

En cualquier caso, el nuevo Congreso podrá ponerse a la tarea con estas reformas en cuanto se constituya y darles un empujón para que se aprueben al inicio de las nuevas legislaturas autonómicas. Los estatutos son las únicas leyes que no decaen cuando se disuelven las Cortes, aunque tendrían que volver a empezar desde el principio, desde su admisión a trámite por el Pleno.

EL NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO BALEAR

En el caso balear, la comunidad se queda sin la aprobación a corto plazo del nuevo régimen económico balear (REB), una fórmula parecida al régimen canario adaptada a la situación de esta Comunidad y que recogerá entre otros capítulos un fondo para compensar la insularidad, las ayudas para el transporte o medidas fiscales especiales para la comunidad autónoma.

La presidenta autonómica, Francina Armengol, acordó con el anterior ministro 'popular' de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el REB sería aprobado por el Consejo de Ministros antes de verano para que la ley fuera debatida y ratificada por las Cortes antes de que acabara 2018.

Las negociaciones no habían concluido cuando cayó el Gobierno del PP por la moción de censura; el nuevo Ejecutivo, socialista como Armengol, retomó los trabajos pero no ha aprobado todavía el proyecto en Consejo de Ministros.

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