Pide que se confirme el año de suspensión de la magistrada Adelina Entrena por la "falta de control" de su juzgado
MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Supremo destacó hoy la "negligencia" de la juez de Motril (Granada) Adelina Entrena y pidió a la Sala de lo Penal que confirme la sentencia por la que fue condenada a un año de suspensión en sus funciones y a pagar una indemnización de 103.000 euros por mantener al preso José Campoy en la cárcel un año después de que se dictara su absolución.
El representante del Ministerio Público defendió este argumento durante la vista que se celebró hoy en el Tribunal Supremo para revisar los recursos de casación presentados contra la sentencia dictada en abril de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dictaminó que la juez cometió un delito contra la libertad individual de las personas, cometido por funcionario público, y mediando imprudencia grave.
El fiscal aseguró que Entrena no ha sido "un chivo expiatorio" de la Administración Justicia ni fue condenada con ánimo "ejemplificante", sino que infringió con su conducta "los principios éticos judiciales" exigibles a un magistrado al ser "responsable final, última y principal" de que el preso no fuera puesto en libertad.
Tras defender que el tribunal "no tiene otra alternativa que dictar una sentencia condenatoria" porque "la libertad es el más importante de los derechos", achacó a la juez la comisión de "una grave imprudencia" por su "falta de control sobre los presos", el contexto de "total desatención" en que se encontraba su juzgado y sus "omisiones continuadas".
En respuesta al abogado de la juez, que alegó que Campoy "no quiso salir de la cárcel", el fiscal defendió que no puede existir "ninguna equivalencia" entre la actuación de la magistrada y la del preso, ya que la "negligencia" de la primera "no puede compensarse por la supuesta capacidad del preso de exigir que se cumpla la ley". "Él estaba a merced de la magistrada, confiado en la Justicia", dijo. UNA JUEZ "AL BORDE DEL INFARTO"
Por su parte, la defensa de Entrena atribuyó lo sucedido a "una cadena de omisiones" originada por un error de la secretaria judicial, que "no apuntó su causa en el libro de presos". Según defendió, la juez "nunca supo ni pudo saber" el estado en que se encontraba la causa porque su juzgado estaba "desbordado" y su titular sufría "una presión absolutamente insoportable, al borde del infarto".
La sentencia también ha sido recurrida por la defensa del preso, que pidió una indemnización mayor para su representado al considerar que la dictada "no está en relación con los días que estuvo privado de libertad", y por la Abogacía del Estado, que recordó que la sentencia absolutoria fue notificada a la secretaria del juzgado, al abogado de Campoy y al Ministerio Fiscal, sin que ninguno de ellos solicitara la salida de prisión.
El ponente de la sentencia firme será el magistrado Carlos Granados. Junto a él, completan la sala los jueces Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Manuel Marchena y José Díaz Delgado.
455 DÍAS DE MÁS EN PRISIÓN
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró probado que Campoy estuvo indebidamente privado de libertad 455 días por la "desatención" de la juez respecto a sus obligaciones. Como consecuencia de su prolongada estancia en la cárcel, sufre "graves e importantes secuelas" derivadas en parte por la "incomprensión, impotencia y desesperanza" de verse privado de libertad pese al dictado de una sentencia absolutoria.
Campoy, que ha sido politoxicómano, sufre un "importante deterioro orgánico derivado de su adicción al consumo de estupefacientes y padece en la actualidad un "complejo y severo trastorno adaptativo" en el que se reconoce como estrés psicosocial importante y prolongado, consecuencia de su estancia en prisión en las circunstancias en las que ha estado y de su precedente drogodependencia.
La juez, que había permanecido de baja por enfermedad, se incorporó al juzgado en diciembre de 2005 y celebró el juicio contra Campoy con "absoluta normalidad" enviando de nuevo a prisión al acusado, cuya privación de libertad había sido acordada por un juez sustituto un mes antes sin que se anotara en el libro o registro alguno, ni se resaltara mediante la cartulina roja de "causa con preso", aunque sí figuraba en el sistema informático.
Después, ni la secretaria judicial ni funcionario alguno dio cuenta a la juez Entrena de la situación de los presos en su ausencia, aunque ella tampoco "demandó tal dación de cuenta", según señalaba la resolución.
DESATENCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
Así las cosas, la juez que tenía a la vista la causa completa con la situación personal, incluido el auto de prisión, dictó sentencia el 10 de enero de 2006 encargando a un funcionario que redactara los antecedentes de hecho "sin advertirle nada sobre la situación personal de la persona enjuiciada".
A pesar de que la sentencia fue absolutoria, "nada se acordó por la acusada para la inmediata puesta en libertad de José Campoy, siendo notificada a éste el 30 de enero de 2006 en el centro penitenciario de Albolote". Posteriormente, se declaró firme sin que ni la acusada ni nadie comprobara que el acusado absuelto se encontraba en prisión por esta causa.
Fue el 22 de marzo de 2007 cuando con una llamada desde la prisión se puso en conocimiento del juzgado que Campoy estaba en prisión por la causa por la que había sido absuelto. Un juez sustituto dictó auto acordando su libertad y fue inmediatamente excarcelado.
