VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal elevó hoy a definitivas peticiones que en su conjunto se elevan a 20 años de cárcel por delito de tráfico de drogas contra cinco personas, dos varones y tres mujeres, por su presunta implicación en la denominada 'Operación Tudela' que se saldó en marzo de 2005 con la incautación de más de medio kilo de cocaína y otras sustancias.
Antes de que el juicio quedara visto para sentencia en la Audiencia de Valladolid, donde se completó la prueba testifical con el interrogatorio de varios policías y la exposición de un informe pericial sobre la composición de la droga ocupada, el fiscal solicitó penas de 4 años de prisión y multas de 100.000 euros para las acusadas Y.L.C.O. y E.S.L.R, de 28 y 26 años, colombiana y española, respectivamente, así como para un varón de 32 años, A.M.F, todos ellos como autores de un delito contra la salud pública, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Las penas ya habían sido pactadas anteriormente con los propios interesados--se les pedían inicialmente 6 años--así como con otra de las imputadas, M.S.R, de 33 años, para la que la acusación pública solicitó 2 años de prisión e idéntica multa en calidad de cómplice de los anteriores, mientras que el único que se expone a una condena de 6 años es un quinto acusado, D.H, hermano del supuesto cabecilla de la red contra quien se retiró la acusación por haber fallecido el pasado año.
Su abogado defensor pidió la nulidad de las actuaciones al entender que se vulneraron los derechos de su defendido con la grabación de las conversaciones, pero además consideró que no hay pruebas de su participación en los hechos puesto que los únicos indicios son las conversaciones telefónicas. Asimismo, argumentó que éstas fueron transcritas de forma "sesgada" con un escaso control judicial.
El acusado, el único que declaró, aseguró que no traficaba con drogas y que sólo hacía algunos recados para su hermano, propietario de un restaurante en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero. Según su testimonio, no podía acceder a un contrato de trabajo al estar reclamado judicialmente, por lo que vendía patatas por pueblos y a restaurantes.
Por contra, policías nacionales que declararon en el juicio se mostraron convencidos de la participación de D.H. en el tráfico de drogas, conclusión a la que llegaron a través de las escuchas telefónicas, pese a que no lograran verle realizar transacciones.
Los agentes atribuyeron al acusado labores de cobro a los morosos de su hermano e incluso el "amedrentamiento" a algunos de los "clientes" que no pagaban.
Los acusados, excepto D.H, fueron arrestados en marzo del pasado año cuando, tras investigaciones iniciadas a finales de 2004, la Policía Nacional logró desarticular la supuesta red de narcotráfico que operaba en la capital y distintas localidades de la provincia.
Así, con el preceptivo mandamiento judicial, la policía realizó sendos registros en dos pisos ubicados el los barrios de Parquesol y Barrio España, después de haber sido sometidos estos domicilios a intensas vigilancias durante los últimos meses.
Además de los cinco detenidos, los agentes se incautaron de 624 gramos de cocaína, 369 gramos de Speed, 87 pastillas de éxtasis, 13 gramos de trozos de pastillas de éxtasis, 1.434 gramos de hachís, 10 gramos de marihuana, 1.279 gramos de sustancia de corte, 1 lata con 800 mililitros de acetona, 500 gramos de lactosa, 700 cápsulas vacías, una balanza de precisión, 5.510 euros en metálico, dos relojes, una videocámara, 15 teléfonos móviles y dos vehículos de gran cilindrada.