El fiscal general se muestra abierto a reforzar la imparcialidad pero asegura que la ciudadanía "puede estar tranquila"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha señalado este jueves que tras 40 años de Democracia es el momento de reformar el sistema de justicia en el país para que la investigación penal recaiga sobre los fiscales, y para ello, ha advertido, la Fiscalía está abierta a "cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del fiscal general", si bien ha matizado que la ciudadanía "puede estar tranquila" pues "la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles".

En su discurso para el acto de apertura del año judicial, en el que ha presentado la Memoria anual de la Fiscalía General correspondiente a 2022, ha apuntado que en la carrera fiscal están abiertos a cambios y "a asumir nuevos retos y responsabilidades", y ha añadido que en la situación política actual, con un Gobierno en funciones, considera que el futuro Ejecutivo "tendrá entre sus objetivos afrontar una reforma sustancial de la justicia en nuestro país".

Así, ha indicado que entre todos los proyectos pendientes, es necesario abordar el cambio de modelo procesal, con el fiscal como director de la investigación penal. Y ha advertido que esa reforma ha de ser "pausada y meditada" y debe tener como destino "mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una España plural y democrática".

"Cuarenta años después de que el legislador definiera el modelo propuesto por la Constitución para la configuración del Ministerio Fiscal en España, la Fiscalía está abierta a cambios y a asumir nuevos retos y responsabilidades. No nos inquieta cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del Fiscal General", ha señalado textualmente.

LOS ATAQUES A LA FIGURA DEL FGE

García Ortiz también ha dedicado parte de su discurso a los ataques que recibe "la figura del fiscal general del Estado" y ha señalado que éstos "no deben contagiar a la propia carrera". En este sentido, ha pedido separar el colectivo de su propia persona y ha destacado la excelencia jurídica de la carrera fiscal, "valiosa en lo individual" pero sobre todo en lo colectivo y en "la capacidad de conformar una voluntad única en respuesta a la interpretación de la ley y del interés social".

Al hilo, ha incidido en que aun siendo el principio de unidad de actuación lo que justifica la jerarquía, "no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y (...) consenso".

"Puede estar tranquila la ciudadanía, pues la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garantías en nuestra actuación individual", ha añadido.

Por eso, ha criticado a los que usan esa dependencia jerárquica para "sembrar dudas injustificadas" sobre la actuación del Ministerio Público, y ha aseverado que eso "supone desconocer el funcionamiento mismo de la institución y, en especial, la responsabilidad y el trabajo diario de las y los fiscales de este país".

"La dependencia jerárquica no debe estar sino al servicio de la unidad de actuación, y ambos principios al servicio de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley en cualquier parte del territorio del Estado", ha apostillado, para luego apostillar que la jerarquía la ve como "no como un fin en sí misma, sino como instrumento para la racionalidad jurídica, la eficiencia organizativa y la unificación de criterios".

Por otro lado, ha destacado que los fiscales, en su condición de autoridad, pero también en la de ciudadanos, deben ser ejemplares en sus actos y manifestaciones públicas y privadas. "No sobra pues, la didáctica ni la ejemplaridad en nuestros actos y manifestaciones públicas y privadas, pues en ocasiones tal diferencia no es fácilmente discernible por la opinión pública", ha apuntado.

PROMOVER LA CONFIANZA INSTITUCIONAL

En este sentido, ha abogado por promover en la sociedad "la confianza institucional", algo esencial "para el correcto desenvolvimiento de la convivencia, para la integración de la ciudadanía en torno a los valores y principios democráticos, y para fortalecer culturas cívicas, plurales y respetuosas con los derechos de los demás".

Así, ha abundado en que para el desarrollo de los derechos fundamentales y de los derechos sociales es necesaria esta lealtad institucional "que debe reclamarse de los poderes públicos". Para García Ortiz, el estado de derecho "se construye a través de la colaboración interinstitucional, un espacio, además, de convivencia, de concurrencia de responsabilidades y competencias".