MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga mantuvo hoy la acusación contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Benalmádena Enrique Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió una licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".
La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y multa de 16.200 euros, según la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien aseguró al final de la vista que actuó "correctamente" y no ha cometido "ningún delito". El juicio quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 7 de la capital.
Para la representante de la acusación pública, "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad" en una operación en la que "se tenía que haber seguido un orden riguroso", según dijo, y en la que Bolín "omitió los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general".
Asimismo, dijo que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria", por lo que aseguró que "no se puede presumir buena fe" en el acusado.
Por su parte, la defensa aseguró que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", al tiempo que insistió en que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.
El letrado explicó que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio "con el que se pretendía compensar esos usos". Además, señaló que la operación fue "amparada por el pleno y los informes técnicos" y dijo que en todo caso pudo haber "un desfase procedimental administrativo", pero no un delito.
Bolín, en su derecho a la última palabra, explicó que "había la necesidad imperiosa de obtener unos terrenos para el ferrocarril y por eso se firmó el convenio y se llevó a pleno y al equipo redactor para que se modificaran los elementos, "pero no se hacía", indicó el regidor, quien apuntó que "no podía evitar dar la licencia porque era un beneficio muy grande para el pueblo".
Negó que la operación supusiera un aumento de la edificabilidad y recordó que la licencia no fue impugnada inicialmente por la Junta de Andalucía, sino que se denunció por el PSOE dos años después, cuando ya está la obra. Además, indicó que cuando se recibió la orden de suspensión del acto administrativo "paralicé las obras", por lo que consideró que actuó "correctamente y no he cometido ningún delito".
