El fiscal mantiene su petición de siete años de cárcel para Vera por los pagos a Amedo y Domínguez con fondos reservados

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol mantuvo hoy su petición de siete años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta para el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y las penas de entre dos y cuatro años de prisión para sus colaboradores Juan de Justo y Félix Hernando por los pagos con dinero de los fondos reservados, entre 1988 y 1994, a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez.

El denominado 'juicio de los maletines', que se sigue en la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid contra los tres ex altos cargos del Ministerio del Interior, los dos ex policías y sus mujeres, se suspendió hasta el próximo día 20 después de que el fiscal modificara en su escrito de conclusiones definitivas la fecha de uno de los viajes que Hernando realizó presuntamente a Suiza para realizar los ingresos bancarios.

La defensa del entonces responsable del Servicio de Información Exterior solicitó la suspensión del proceso durante un plazo de diez días para presentar una prueba que acredite que éste no se encontraba en Suiza el 29 de diciembre de 1989, fecha incorporada en el escrito definitivo del fiscal en sustitución del 30 de enero de 1990, para la que éste acreditó que se encontraba en Colombia.

Rodríguez Sol atribuyó el error a "una jugarreta informática" y recordó que la fecha del 29 de diciembre de 1989 "se ha manejado en todo momento" y ya aparecía en los autos que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó durante la instrucción del sumario.

El representante del Ministerio Público también incluyó en su informe la atenuante de dilaciones indebidas durante el proceso, aunque no rebajó su petición de penas. No obstante, mantuvo que en el caso de que Vera fuera condenado, su pena podría entenderse abarcada en las condenas que le impuso el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey y el 'caso Fondos Reservados'.

La defensa del ex secretario de Estado de Seguridad también pidió al tribunal que tenga en cuenta la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que, a su entender, se admite a trámite una demanda relativa a la condena por el secuestro de Marey, hecho por el que pidió la suspensión de la ejecución de su condena por el caso de los fondos reservados.

ENTRE DOS Y CUATRO AÑOS PARA HERNANDO Y DE JUSTO

De igual modo, reiteró su petición de 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta para Juan de Justo y 2 años de cárcel y 5 meses de inhabilitación para Hernando, al que considera cómplice de un delito continuado de malversación de caudales públicos que atribuye a Vera y De Justo. De igual modo, éste debería indemnizar al Estado con alrededor de 1,8 millones de euros y Hernando subsidiariamente en la parte que le corresponda.

La petición del Ministerio Público también contempla que Michel Domínguez y su esposa, Alicia Sánchez Carrión, paguen al Estado 737.441,86 euros por el dinero recibido, y José Amedo y su esposa, María Angeles Acedo, entreguen por la misma razón 677.340,65 euros.

La Acción Popular contra los GAL también elevó a definitiva su petición de 8 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta para Vera y 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación para De Justo. Para Hernando reclama dos años de cárcel y 8 de inhabilitación. La Abogacía del Estado, por su parte, reclamó 6 años de prisión para Vera, 4 para De Justo y 2 para Hernando.

La responsabilidad penal de otro de los acusados, el ex responsable del Servicio de Operaciones del Ministerio del Interior Aníbal Machín, quedará extinta después de su fallecimiento el pasado 26 de julio. Su abogado, Manuel Murillo, solicitó que su nombre se elimine de los escritos definitivos de acusación para que sus herederos no tengan que afrontar el pago de indemnizaciones por responsabilidades civiles en el caso de que éstas se incluyeran en la sentencia.

ORDEN DE VERA

Según el escrito de acusación del fiscal, Vera fue nombrado director de la Seguridad del Estado el 24 de octubre de 1986 y "a raíz del ingreso en prisión de José Amedo y Michel Domínguez, el 13 de julio de 1988, por su implicación en los crímenes cometidos por los GAL", tras entrevistarse con las esposas de ambos, "decidió compensar la disminución de ingresos que para ambas había supuesto el ingreso en prisión de sus maridos".

A su juicio, el pago de estas cantidades tenía como objeto "garantizar el secreto de los dos procesados, a quienes el acusado había prometido el indulto, y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado".

Así, entre agosto de 1988 y enero de 1994, fecha en la que Vera cesó como director de la Seguridad del Estado, De Justo les entregó "sobres blancos cerrados con celofán y con los nombres de las destinatarias, que contenían entre 450.000 y 600.000 euros en efectivo, casi siempre en la propia Secretaría de Estado". En total ambas recibieron por este procedimiento no menos de 29,7 millones de pesetas.

El fiscal también señala que Vera, con el dinero de los fondos reservados, ordenó a De Justo a pagar el coste de dos intervenciones quirúrgicas efectuadas en la Clínica Ruber Internacional de Madrid a las mujeres de Amedo (603.000 pesetas) y Domínguez (300.000 pesetas).

Además de estas cantidades, hizo llegar a los dos ex policías un total de 200 millones de pesetas (1.202.024 euros). Para ello, De Justo indicó a María Angeles Acedo y Alicia Sánchez que abrieran sendas cuentas corrientes en Suiza, en las que se efectuarían los ingresos.