Pide la absolución del juez suspendido pese a no compartir su criterio porque puede ser recurrido, pero no objeto de querella
MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha solicitado "con plena y absoluta convicción" la absolución de Baltasar Garzón en la causa que quedó este miércoles vista para sentencia por su investigación de los crímenes franquistas. Rechazó comparar estos hechos con la matanza de Paracuellos, de la que dijo que aún se sigue investigando y cuestionando si entre sus responsables estuvo Santiago Carrillo y otros dirigentes republicanos.
Durante su intervención ante los siete magistrados que integran el tribunal que juzga este asunto, por el que Garzón se enfrenta a una pena de inhabilitación por 20 años, el fiscal ha defendido que la acusación sostenida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad es "infundada" y que de materializarse en condena podría interpretarse como un peligroso mensaje a los "jueces de interpretaciones minoritarias".
Navajas ha comenzado su interpretación defendiendo al Tribunal Supremo de las numerosas críticas de falta de independencia que se han vertido contra muchos de sus magistrados desde el inicio del procedimiento, que él dijo rechazar "de forma rotunda y absoluta y desde el punto de personal e institucional".
Seguidamente, el representante del Ministerio Público ha expresado sus dudas sobre las intenciones de la acusación popular al interponer la querella, si éstas eran exclusivamente buscar la protección de un bien jurídico como es el correcto funcionamiento de la justicia o si lo que tenía que ver era "la personalidad del imputado".
"Es indudable que Garzón no es un juez al uso", ha admitido Navajas, en alusión al protagonismo nacional e internacional del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. "Me pregunto si ese interés de Garzón por perseguir delincuentes del cono suramericano ha tenido que ver, o si hubieran perseguido igual a otro juez si le hubiera correspondido este asunto", ha señalado el fiscal ante la Sala.
Pero que "este modelo de juez se ajuste o no a nuestras preferencias no es objeto del procedimiento, pues se trata de saber si determinadas resoluciones merecen de por sí ser calificadas como integrantes del tipo penal de prevaricación", ha agregado.
DECISIONES RECURRIBLES
Igualmente, el fiscal ha salido al paso de la denunciada "fractura del principio de unidad" de la actuación de la Fiscalía en esta causa, por considerar no competente a Garzón en la Audiencia Nacional y oponerse a la tramitación de la querella que después fue presentada contra él.
A este respecto, ha subrayado que coincide con los reproches realizados en su día a la instrucción por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para señalar que coincide con el "hecho constatable" de que Garzón "dictó resoluciones que no eran las más correctas y de forma equivocada sobre su competencia".
No obstante, considera que dicha posición del juez ahora suspendido era "corregible mediante recursos" no por la vía de la querella criminal.
También ha negado el representante del Ministerio Público que Garzón mantuviera dos años paralizada la causa desde que se presentaron las denuncias, pues durante dicho periodo se dictaron 14 resoluciones por el magistrado de la Audiencia Nacional y se proveyeron 19 escritos dando a lugar a un total de 435 folios de actuaciones.
LOS HECHOS MÁS GRAVES JAMÁS DENUNCIADOS
Sobre las iniciativas que dieron origen al procedimiento ahora cuestionado en la Audiencia Nacional, el fiscal Luis Navajas ha recordado que "hasta 12 testigos han puesto de manifiesto lo que no era necesario, la extraordinaria gravedad de los hechos que fueron denunciados". Ha añadido que se trata de "los hechos penales más graves de los que han sido denunciados ante la jurisdicción española".
A su juicio, "está habiendo una victimización permanente, a la que no se ha puesto punto final", de un proceso que se abrió con la desaparición de los seres queridos de los denunciantes, la apropiación de sus bienes y la estigmatización de estas familias "simplemente por ser 'rojos', de sindicalistas o de republicanos". Esta situación les impidió presentar denuncia antes o durante la dictadura, lo que no les hubiera generado más que problemas, según ha indicado.
Navajas ha compatibilizado la situación actual de las víctimas del franquismo con lo señalado en el Estatuto Europeo de las Víctimas, de marzo de 2001, que señala que estas personas "tienen derecho al conocimiento de la verdad de los hechos", y que precisamente ese objetivo es el que buscaban quienes se acercaron a la Audiencia Nacional.
PROCESO EN ARGENTINA
De hecho, Navajas ha calificado de "patético y ridículo" que mientras una juez argentina esté investigando los crímenes franquistas en dicho país "aquí nos dediquemos a perseguir al juez que tuvo el atrevimiento de investigar hechos de extraordinaria gravedad".
Sobre lo que ha calificado de "machacona" comparación, por parte de la acusación popular, de las denuncias por crímenes franquistas con la causa archivada por la matanza de Paracuellos, Navajas ha señalado que lo único que tienen en común es que en ambos asuntos se asesinaron a personas inocentes.
A su juicio, Paracuellos fue "un hecho puntual de saca de presos" de cárceles de Barcelona y Madrid, e "incluso hoy se está sometiendo a investigación si responsables de la república tenían implicación" en la matanza. Ha agregado que todavía se desconoce, por ejemplo, si el dirigente comunista Santiago Carrillo estuvo implicado.
Finalmente, el fiscal Navajas ha insistido en que "en el mundo del Derecho hay muy pocas cosas que no estén sujetas a discusión" y que la postura adoptada por Garzón sobre este asunto es "una cuestión discutible". Ha agregado que ninguno de los tres magistrados de la Sala de lo Penal que presentaron voto particular contrario al criterio de la mayoría de declararle incompetente han sido objeto de querella criminal ninguna.
Ha advertido que la resolución que debe adoptar ahora el Supremo, si no absuelve a Garzón, no constituirá únicamente un golpe moral en la carrera del magistrado de la Audiencia Nacional, sino que tendrá "un efecto devastador al suponer una recuperación del derecho penal de autor.
"Supondría casi como dirigir un mensaje a los integrantes del Poder Judicial en el sentido de que solo es tolerable aquella interpretación ortodoxa que haga el Supremo", y que las interpretaciones minoritarias que pudieran ser objeto de recurso podrían correr el riesgo de ser consideradas como prevaricadoras "si diesen con el querellante oportuno".
Manos Limpias pide al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.
El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala los magistrados Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
