El fiscal pide 8 años más de cárcel para 11 islamistas por la "madurez" del atentado contra el Metro de Barcelona

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal que eleve en ocho años de cárcel las penas que la Audiencia Nacional impuso en diciembre pasado a 11 islamistas detenidos en enero de 2008 en el barrio de El Raval de Barcelona, al entender que el plan que tenían para atentar contra el Metro de la capital catalana tenía "mayor madurez" de lo que estimó el tribunal.

Así lo ha manifestado la representante del Ministerio Público durante una vista celebrada para analizar los recursos de casación presentados contra la sentencia de instancia, que condenó a todos los acusados --nueve de nacionalidad paquistaní y dos india-- a penas de entre ocho años y medio y catorce años y medio de prisión por un delito de integración en organización terrorista. A otros dos, además, se les consideró autores de un delito de tenencia de explosivos.

Durante la vista, a la que han acudido varios familiares y amigos de los condenados, la representante del Ministerio Fiscal ha defendido que los islamistas también cometieron un delito de conspiración para la comisión de estragos terroristas, tal y como solicitó durante el juicio la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que pedía 315 años de cárcel, y el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, que incorporó esta consideración cuando elevó a definitivo su escrito de conclusiones.

Según la fiscal, los condenados no sólo pertenecían a una organización terrorista 'yihadista' de carácter "supranacional e ilícita", sino que ésta se fue "radicalizando" y decidió "prepararse para la utilización de la violencia". Así lo demostraría, según ha indicado, la declaración del confidente de los servicios de inteligencia franceses que declaró en el juicio como testigo protegido, que "se retractó de su inicial disposición" a participar en el atentado cuando supo que "él era uno de los suicidas" que debían llevarlo a cabo.

A su entender, el hecho de que los islamistas no hubieran escogido la "línea" del Metro de Barcelona en la que supuestamente se iba a cometer el atentado o el "día y hora" en que se iba a perpetrar "no puede determinar la inexistencia de una conspiración". En esta misma línea se ha manifestado el abogado de la ACVOT, José María Fuster-Fabra, quien ha defendido la existencia de "un concierto de voluntades" entre los condenados y el "discurso claro, meridiano y creíble" del testigo protegido.

"UNOS POBRES HOMBRES"

Las defensas, por su parte, han solicitado que sus representados sean absueltos, al considerar que su caso es un paradigma de lo que han denominado "derecho penal del enemigo", en referencia a una investigación judicial "preactiva que se anticipa al momento de la comisión del delito". "Son unos pobres hombres que no han hecho nada", ha llegado a decir el abogado Jacobo Teijelo.

El letrado, que ha calificado de propia de la "Inquisición" la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y la Audiencia Nacional, ha comparado la situación de sus clientes con la de los protagonistas de la película 'Minority Report', y ha añadido que se les condenó únicamente por llevar "trajes regionales de Pakistán y practicar la religión de forma ostensible".

El otro defensor, Benet Salellas, ha incidido en la misma idea al acusar a los tribunales de "saltar del hecho religioso al hecho terroristas". "Ahora nos imaginamos este mismo proceso sin que estas personas fueran musulmanas y nos tenemos que preguntar ¿Habríamos llegado a la misma situación, a la misma condena? Yo creo que no", ha apuntado.

Los recursos de casación serán estudiados por un tribunal que estará presidido por Juan Saavedra e integrado por los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, Manuel Marchena y Juan Ramón Berdugo, que será el ponente de la sentencia firme.

VÍNCULOS CON AL QAEDA

La Audiencia Nacional apuntó que Mahroof Ahmed Mirza, Mohammed Ayud Elahi Bibi, Ahmed Hafeez, Qadeer Malik, Sahib Iqbal, Mohammed Tarik, Roshan Jamal Khan, Mehmooh Khalid, Inram Cheema, Mohamed Shoaib y Aqeel Uhr Rehman Abassi mantenían contacto con el líder talibán Baitullah Mehsud, vinculado a Al-Qaeda, lo que facilitó que enviasen a Barcelona personas que podían actuar como terroristas suicidas.

Los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández (ponente) y Javier Martínez Lázaro señalaron como jefe del grupo a Maroof Ahmed Mirza, al que condenaron a 10 años y seis meses de prisión por pertenencia en calidad de dirigente. Además, dictaron una pena de 8 años y seis meses de prisión sobre los diez acusados restantes.

Además, impusieron seis años por tenencia de explosivos a dos de los procesados, Qadeer Malik y Shaib Iqbal, quienes "consiguieron un cierto número de bengalas de uso pirotécnico y empezaron a extraer la nitrocelulosa que contenían" así como minuteros que pudieran servir como temporizadores y balines de plomo para que actuaran como metralla.

Con todo, el tribunal reconoció que no podían determinar la existencia de un plan "lo suficientemente concreto y determinado" puesto que la célula sólo disponía de una pequeña cantidad de nitrocelulosa y otros elementos "insuficientes para llevar a cabo la confección de artefactos". Según añadió, el grupo no tenía concretado el día, ni el lugar de la acción y no había avanzado lo suficiente en la planificación por lo que no podía condenar a sus integrantes por conspiración para cometer homicidio o estragos.