El fiscal pide rechazar la petición de Vera de que no se le juzgue por estar clasificados los pagos a Amedo y Domínguez

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Anticorrupción Martín Rodríguez Sol pidió hoy al tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que juzga el "caso Maletines" que rechace la cuestión previa planteada por la defensa del ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera relativa a que es imposible juzgarle por estar clasificadas las partidas de los fondos reservados de los pagos realizaos a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, tras ser condenados por el "caso GAL". El juicio se reanudará el próximo día 29, previsiblemente con las declaraciones de los acusados.

En su intervención, el representante del Ministerio Público rechazó el argumento defendido por el abogado de Vera, Manuel Cobo del Rosal, y aclaró que el Tribunal Supremo resolvió ya esta cuestión en la sentencia del "caso Fondos Reservados", por el que fue condenado a 7 años de prisión, que determinó que "la materia clasificada pierde ese carácter cuando se trata de averiguar un ilícito penal". También se mostró contrario a la declinatoria de jurisdicción alegada por el letrado, al recordar que la Audiencia Nacional se declaró en su día no competente para juzgar estos hechos.

Además del ex secretario de Estado de Seguridad, en el banquillo de los acusados se sientan el que fue jefe de su secretaría personal Juan del Justo y los entonces responsables del Servicio de Información Exterior y del Servicio de Operaciones, Félix Hernando y Aníbal Machín, mientras que Amedo, Domínguez y sus esposas, María Angeles Acedo Morales y Alicia Sánchez Carrión, respectivamente, lo hacen como responsables civiles.

El fiscal, que pide penas de entre dos y siete años de prisión para los acusados, se opuso en la sesión de hoy tanto a las cuestiones previas esgrimidas por las defensas de los acusados. La Sección 26 de la Audiencia de Madrid resolverá las cuestiones por escrito en un auto, aunque hoy anunció que los acusados comenzarán a declarar ante el tribunal el próximo día 29.

COSA JUZGADA.

El representante del Ministerio Fiscal se opuso a la existencia de cosa juzgada respecto del delito continuado de malversación de fondos públicos por el que acusa a Vera. En este punto, subrayó que "ningún tribunal se ha manifestado sobre los pagos a Amedo y Domínguez", por lo que insistió en que en este caso no se ha vulnerado el principio "nos bis in idem", al no existir ningún pronunciamiento anterior.

También rechazó que Vera sea juzgado por separado como responsable civil, ya que esta responsabilidad se dirige contra otros imputados de manera conjunta. En este punto, recordó que la sentencia del Supremo sobre los fondos reservados señaló también que "el enjuiciamiento de Vera en otros procedimientos sobre esta misma materia estaría justificado".

Por ello, el fiscal Rodríguez Sol defendió que el ex secretario de Estado durante el Gobierno de Felipe González, que cumple condena en régimen de tercer grado penitenciario, declare en calidad de imputado, al entender que "no se le puede dejar al margen por el conocimiento" que tiene de los hechos investigados.

RESPONSABLES CIVILES.

En su intervención, el fiscal también pidió que se rechacen las cuestiones previas formuladas por el abogado Jorge Manrique, que defiende a Amedo, Domínguez y sus esposas. El letrado solicitó que se les retire la condición de responsables civiles por las irregularidades producidas a lo largo del procedimiento y, en concreto, por el auto de procesamiento de abril de 1995, que declaró inicialmente que el Estado debía hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de los pagos.

Frente a ello, el fiscal aclaró que dicho auto quedó sin efecto cuando la causa se separó del sumario instruido por la Audiencia Nacional por el secuestro de Segundo Marey por los GAL, por el que también se condenó a Vera, y se transformó en procedimiento abreviado.

Asimismo, resaltó que "no hay que olvidar que hay 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) embargados" a las esposas de Amedo y Domínguez, y añadió que "si se determina que esa cantidad es objeto de malversación de caudales públicos tiene que volver a las arcas del Estado".

El fiscal, al igual que la Abogacía del Estado y la Acción Popular contra los GAL, que ejerce la acusación popular, pidió al tribunal que rechace las cuestiones previas planteadas por el resto de las defensas de los procesados relativas a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas.

PENAS PARA LOS ACUSADOS.

Anticorrupción solicita para Vera 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta, aunque en su escrito de calificación provisional precisaba que en el caso de dictarse sentencia condenatoria contra él podría entenderse abarcada en las condenas que ya le fueron impuestas por el Tribunal Supremo, por el "caso Fondos Reservados" y por el secuestro de Segundo Marey, por el que se le impusieron 10 años de cárcel.

Juan de Justo se enfrenta a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta, mientras que Machín y Hernando se enfrentan a dos años de cárcel y cinco meses de inhabilitación, como cómplices de un delito continuado de malversación de caudales públicos del que son presuntamente autores Vera y De Justo.

Michel Domínguez y su esposa, Alicia Sánchez Carrión, deberán pagar al Estado 737.441,86 euros por el dinero recibido, y José Amedo y su esposa, María Angeles Acedo, 677.340,65 euros.

ORDEN DE VERA.

El fiscal explica que Vera fue nombrado director de la Seguridad del Estado el 24 de octubre de 1986 y "a raíz del ingreso en prisión de José Amedo y Michel Domínguez, el 13 de julio de 1988, por su implicación en los crímenes cometidos por los GAL", tras entrevistarse con las esposas de ambos, "decidió compensar la disminución de ingresos que para ambas había supuesto el ingreso en prisión de sus maridos".

"Asimismo, el pago de estas cantidades tenía como objeto garantizar el secreto de los dos procesados, a quienes el acusado había prometido el indulto, y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado", señala el fiscal.

A pesar de que Vera sabía "que los fondos reservados no se podían destinar a cubrir este tipo de gastos", le encargó a Juan de Justo que hiciese pagos mensuales a las esposas de los ex policías, a lo que el jefe de la Secretaría accedió "con idéntico conocimiento de la improcedencia de los pagos".

Así, entre agosto de 1988 y enero de 1994, fecha en la que Vera cesó como director de la Seguridad del Estado, De Justo les entregó "sobres blancos cerrados con celofán y con los nombres de las destinatarias, que contenían entre 450.000 y 600.000 euros en efectivo, casi siempre en la propia Secretaría de Estado". En total ambas recibieron por este procedimiento no menos de 29,7 millones de pesetas.