El fiscal rebaja a un tercio las penas para la novia de "Txeroki" y otros 14 acusados que admitieron colaborar con ETA

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso rebajó hoy a un tercio (de un total de 134 años y cinco meses a 42 años y tres meses de cárcel) las penas que solicitaba en sus conclusiones provisionales para 15 de los 19 presuntos miembros del subaparato de infraestructura e información de ETA juzgados hoy, entre los que figura Amaia Urizar de Paz, a la que se considera novia del dirigente etarra Garikoitz Aspiazu, "Txeroki".

Durante la vista, el representante del Ministerio Público rebajó de nueve a cinco años de prisión la petición de pena que había formulado para Haritz Totorica, Iker Arceluz, Aitziber Sagarminaga y Amaia Urizar de Paz, al imputarles un delito de colaboración con banda armada en lugar del de integración en la organización terrorista que incluyó en su escrito de acusación inicial.

También vieron rebajada la petición de pena del fiscal a dos años de cárcel por colaboración en grado de tentativa Inmaculada Basabe y Mikel Garikoitz, para los que la acusación pública reclamaba nueve años de cárcel por pertenencia a la organización.

Asimismo, el fiscal modificó su petición inicial de prisión de seis años a penas de entre un año y medio y dos años y siete meses para otros siete acusados de colaboración en grado de tentativa, al considerar ahora que no llegaron a consumar este delito. Para otros cuatro, para los que también pedía seis años por colaboración en banda armada, reclamó dos años de prisión por conspiración para la comisión de un delito de colaboración con banda armada. En relación con los cuatro acusados restantes, pidió la libre absolución, al entender que no ha quedado acreditada su colaboración con la banda.

El fiscal justificó la rebaja de las condenas basándose en que la principal prueba pericial --un documento encontrado en el domicilio de Totorica que se corresponde con los papeles incautados tras el arresto en Francia de los dirigentes de ETA Ibon Fernández Iragi, alias "Susper", y Lorena Somoza, alias "Pimpi"-- prueba la colaboración con la banda de los cuatro principales acusados pero no su "integración total" en la misma.

UN MAPA DE MADRID CON UNA MARCA EN EL BERNABEU

Durante el juicio, el primero en el que la Fiscalía rebaja sus penas después de la ruptura del alto el fuego de ETA, Amaia Urizar reconoció que fue captada por ETA por el propio "Txeroki" con la misión de "hacer informaciones" sobre objetivos y "captar a gente" que pudiera realizar estas labores, entre ellos ocho de los acusados, con los que contactó en un bar del casco viejo de Bilbao en el que trabajaba como camarera.

En todo caso, aseguró que "nunca" llegó a "hacer nada" y que no pasó ninguna información a la organización terrorista. En el momento de su detención la Guardia Civil halló en su domicilio un mapa de Madrid en el que estaba marcado el estadio Santiago Bernabeu, según declararon durante la vista dos miembros del instituto armado.

Por su parte, Haritz Totorica, alias "Por Fin", reconoció que alquiló un piso en la localidad de Abadiño (Vizcaya) entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003 en el que, según su testimonio, se alojó el presunto miembro de ETA Iker Mendizabal "y nadie más". También admitió que realizó "labores de correo" para la banda, al llevar cartas y otros documentos.

La colaboración con la organización terrorista también fue admitida por Iker Arceluz, que reconoció haber sido captado por Igor González Sola para realizar "labores de lanzadera" en un coche y evitar la detención de Iker Mendizabal; y por Aitziber Sagarminaga, que declaró que "Susper" le pidió su colaboración para que realizara labores de correo, entre ellas la entrega a éste de las llaves del piso de Abadiño.

COMENZARON A RECABAR INFORMACIÓN SOBRE OBJETIVOS

Con respecto a los siete acusados de colaboración con banda armada en grado de tentativa, el fiscal justificó la rebaja de sus condenas argumentando que "sabían para que se les pedía la información", en referencia a la captación de datos sobre posibles objetivos de atentados, aunque no se puede acreditar que llegaran a entregarla.

Así, reclamó penas de prisión de dos años y siete meses para Nagore Bilbao y de 2 años para Inmaculada Besabe, Mikel Lizarribar, Iñaki Peña, Igor Pérez y Gaizka Larrinaga, sobre el que pesaba una petición de 8 años y medio por reincidencia al haber sido condenado en 1994 a 10 años de cárcel por un delito de terrorismo. Asimismo, reclamó un año y medio para Ibón Pérez por el mismo motivo.

También pidió dos años de cárcel por conspiración para la comisión de un delito de colaboración con banda armada para Janire Couceiro, Sonia Martín, Leire Urrutia y Egoitz Fernández Aznar. Según el representante del Ministerio Público, estas personas aceptaron recoger información sobre posibles objetivos pero no llegaron a entregarla a la organización o ni siquiera comenzaron a recabarla.

SEGUIMIENTO A PROFESORES, POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES

A la vista asistió la concejal socialista Gotzone Mora, una de las personas que fueron sometidas a seguimiento, según el escrito de acusación inicial, que también citaba a la catedrática Edurne Uriarte y a varios políticos del PP. La edil abandonó la sala de vistas visiblemente enfadada por la decisión del fiscal y calificando el juicio de "circo".

Sobre este punto, los acusados reconocieron que "Susper", González de Sola o la novia de "Txeroki" les encomendaron realizar seguimientos de profesores universitarios, ertzaintzas o coches camuflados de policía o recoger información sobre el Palacio de Justicia de Bilbao, el cuartel de la Guardia Civil de La Salve, los cuarteles de la Guardia Civil de Arrigorriaga o Txurdínaga, un bar y una discoteca de Amorebieta o distintas rutas en los Pirineos.

El fiscal también retiró los cargos que había formulado contra Segio Regueiro, Gorka Rivadulla, Asier Arriola y Garikoitz Urizar, quienes se colocaron detrás de sus compañeros de banquillo al quedar fuera del procedimiento.

La defensa, representada por los abogados Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia y Arantza Zulueta, rechazó hacer preguntas a los acusados durante toda la vista y reclamó la libre absolución de todos ellos.