Fiscalía y acusaciones piden la inhabilitación de dos profesores de la UPV por los estudios de etarras deportados

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra los profesores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) José Enrique Antolín y Xabier Aierdi ha quedado visto para sentencia tras la conclusión de su tercera sesión, en la que la Fiscalía y las acusaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo han mantenido su petición de inhabilitación para ambos al entender que cometieron prevaricación administrativa, mientras que la defensa ha solicitado su libre absolución.

La causa, por los estudios realizados en la universidad vasca por parte de los miembros de ETA deportados por Francia Belén González Peñalva y Ángel María Lete, se juzga en el Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao desde el pasado lunes. Tras la declaración de los dos acusados y de una quincena de testigos, la sesión de este miércoles se ha dedicado a la presentación de los informes finales de la Fiscalía, de los abogados de AVT y Voces contra el Terrorismo, y de la defensa.

La representante de la Fiscalía, que solicita para los procesados una pena de inhabilitación de ocho años de inhabilitación especial para desempeñar su trabajo o un cargo público, considera que ha quedado probado Antolín y Aierdi intervinieron en el mantenimiento de González Peñalva y Lete, mientras se encontraban deportados en Cabo Verde y República Dominicana, en el programa de estudios para personas recluidas en prisión pese a que no les correspondía hacerlo.

Según ha señalado, los alumnos deportados no tenían "ninguna relación" con los convenios existentes para regular la impartición de educación universitaria a personas presas y su incorporación a ese sistema habría requerido "cambios muy profundos que no se han hecho".

La Fiscal ha apuntado que, si bien los acusados no intervinieron en la matriculación, "los han mantenido en un sistema de alumnos presos" sin que se lo comunicaran a sus superiores con una actuación "arbitraria y contraria a derecho". A su entender, se produjo un delito por omisión del procedimiento legalmente establecido.

En este sentido, ha indicado que Antolín, nombrado vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en marzo de 1998, tenía "facultades y competencias" para mantenerlos en el programa de los denominados alumnos especiales, que gestionaba. La Fiscal ha reconocido que la situación "irregular" era "heredada", pero ha censurado que Antolín no la comunicó al Rectorado .

Asimismo, ha apuntado que Aierdi, tutor de Lete y González Peñalva, contribuyó de manera relevante a esta situación al actuar como "si existiera un protocolo cuando realmente no existía".

Por parte de las acusaciones particulares, que solicitan de ocho a nueve años de inhabilitación, el abogado de Voces contra el Terrorismo ha afirmado que existió "una prevaricación, una resolución injusta a sabiendas" al dar "cobertura" a los estudios de los dos miembros de ETA deportados.

De este modo, ha manifestado que Lete y González Peñalva se beneficiaron del convenio entre la UPV/EHU y la UNED de Bergara en 1988 para que reclusos internos pudieran acceder a carreras que no impartía la universidad a distancia. El abogado ha destacado que, pese a que los funcionarios están obligados a comunicar que "hay personas en situación irregular", ni Aierdi ni Antolín la pusieron en conocimiento de "las autoridades académicas".

En cualquier caso, ha opinado que el derecho de los alumnos matriculados en la universidad a ser formados y evaluados "cae por su propio peso" en este caso, en el que los alumnos estaban "huidos de la justicia", y ha criticado las "facilidades" que se daban en su control académico de los estudiantes.

"El procedimiento era sistemáticamente vulnerado con la participación directa de Antolín y Aierdi", ha asegurado el abogado de la acusación, que ha precisado que "aquí no están todos los que son ni son todos los que están" y ha apuntado que "se repartían prácticamente títulos" a miembros de ETA.

Por su parte, la abogada de la AVT ha considerado que es "impensable" que José Enrique Antolín, teniendo en cuenta su cargo, no se planteara "la desviación" que se estaba produciendo en el sistema para formación de alumnos presos con la matriculación de deportados, que se dio "sin consentimiento" del rector o de otros responsables jerárquicos.

También ha cuestionado que existiera obligación de ofrecer docencia y evaluación una vez matriculados ya que, según ha recordado, uno de los testigos relató durante la causa que una persona deportada fue rechazada en la Comisión Académica al tratarse de una carrera experimental que no podía ser realizada a distancia.

De este modo, ha indicado que Antolín, como "máximo" responsable de los alumnos "especiales", contribuyó al mantenimiento de Lete y González Peñalva, "sabiendo que su inclusión era una desviación absoluta del sistema porque no cumplían los requisitos necesarios", aun cuando la situación fuera "heredada" cuando accedió al cargo.

En relación a Aierdi, ha señalado que, en su función de tutor, tenía conocimiento de la inclusión "arbitraria" en el programa de alumnos especiales e "influyó" en la forma de evaluarlos a través de trabajos, en lugar de exámenes, "al menos a un profesor".

EN EL "ESPERPENTO"

El abogado de los dos acusados ha solicitado su libre absolución en una causa que ha enmarcado en "el mundo del esperpento" y que "nunca debió existir". De este modo, se ha mostrado convencido de que, "si en lugar de dos miembros presuntamente vinculados a ETA, estuviéramos hablando dos misioneros en el Corazón de África, no estaríamos aquí aunque se les hubiera aplicado por analogía" el convenio de presos, sino que "es probable que al rector se le hubiera propuesto para algún tipo de premio".

A su entender, se ha producido "una especie de pesca con redes pelágicas". Ha subrayado que "hoy no habría debate" sobre este asunto porque en 2004 se aprobó un protocolo sobre formación a internos en cárceles extensivo a persona que, por circunstancias excepcionales, no pueden desplazarse, asunto sobre el que el TC determinó que es "competencia" de la UPV/EHU, dentro de su autonomía universitaria.

El defensor ha incidido en que "la existencia de deportados era pública y notoria" como, según ha indicado, han confirmado miembros de los diversos equipos decanales. Según ha indicado, "es impensable que esto fuera una suerte de negociete privado entre algunos", que estaban además "vinculados a movimientos pacifistas".

Tras señalar que existía "una analogía perfectamente válida" con los alumnos recluidos en cárceles, ha señalado que los dos acusados no tenían responsabilidad en la matriculación de estudiantes, que genera "la obligación" al profesorado a formar y evaluarlos.

"Quien se negara a formar y evaluar a un alumno o lo discriminara por ser de ETA, o un violador, o de ultraderecha, incurriría en responsabilidad, al menos, administrativa", ha añadido el defensor, que ha asegurado que cada profesor puede determinar las formas de evaluación de cada alumno.

El abogado ha destacado que Aierdi asumió su labor de tutor "por orden de la universidad" dentro de sus cargas docentes, mientras que Antolín accedió a su puesto en el decanato tras el fallecimiento del anterior videcano y le cayó "el marrón" del programa de alumnos especiales a finales del 98 porque "el rector delega en el decano y el decano en el vicedecano".

En este contexto, ha cuestionado "contra qué norma del ordenamiento jurídico han ido" los dos profesores, que dieron "estricto cumplimiento" a la normativa que señala que toda persona matriculada tiene derecho a recibir educación. Según ha advertido, si hubieran decidido dictar una resolución diciendo 'no, usted es de ETA', eso sería atentar" contra el ordenamiento.

"¿Incumplieron alguna norma al no avisar? No. ¿Dentro de sus funciones tenían la obligación normativa de dictar una resolución sobre esto y no dictaron? No", ha insistido.