MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoyó hoy que el juez Baltasar Garzón admita a trámite una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende para investigar la muerte del diplomático español Carmelo Soria Espinoza, asesinado en 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura militar chilena.
En un escrito remitido hoy al juez, el fiscal Vicente González Mota se muestra a favor de la apertura de una causa para investigar la "tortura y muerte" de Soria, al considerar que este crimen "forma parte de la agresión sistemática constitutiva de delito de genocidio" por la que el propio Garzón dictó el 10 de diciembre de 1998 un auto de procesamiento contra varios integrantes de la denominada Brigada Mulchen de la DINA.
El escrito del Ministerio Público, que asegura que "no consta la existencia de cosa juzgada" en España en relación con estos hechos, cita a una serie de funcionarios de la DINA "implicados en la detención, tortura y asesinato" de Soria, contra los cuales solicita que se dicte auto de procesamiento y orden internacional de detención.
Se trata del entonces director delegado de la DINA, Manuel Contreras, y de los integrantes de la Brigada Mulchen de este organismo Juan Delmas Ramírez, Jaime Enrique Lepe Orellana, Jorge Remigio Ríos San Martín, Guillermo Salinas Torres, Pablo Belber Labbé y René Patricio Guilof Palma.
CUATRO MINISTROS CHILENOS
No obstente, la Fiscalía pide al juez que la acción penal no se dirija contra cuatro ex ministros del régimen de Augusto Pinochet --Raúl Benavides Escobar, Mónica Madariaga Gutiérrez, Sergio Fernández Fernández y Herman Brady Roche--, al "no constar indicios de su participación material en los hechos". A este respecto, indica que no se les puede atribuir un delito de encubrimiento al no ser competencia de la jurisdicción española.
También pide al juez que no admita a trámite la querella en lo que respecta a una decena de altos cargos militares y funcionarios de la DINA citados en la querella de la Fundación Española Presidente Allende, al "no estar suficientemente acreditada su participación en los hechos". Se trata, en concreto, de Pedro Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumman, Rolf Wenderoth Pozo, Ricardo Lawrence Mires, Enrique Montero Marx y Ernesto Julio Baeza Michaelsen.
