BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha archivado las diligencias abiertas contra la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi, por supuesto enaltecimiento del terrorismo, al considerar que sus palabras estuvieron "especialmente amparadas por la prerrogativa de inviolabilidad parlamentaria", reconocida en el Estatuto de Autonomía de Gernika.
En un decreto fechado este pasado 26 de abril, Calparsoro recuerda que el pasado 19 de marzo incoó diligencias de investigación por las manifestaciones de Mintegi en la sesión del pleno del Parlamento vasco del día 14 de marzo de 2013, "en las que dijo que el asesinato por la banda terrorista ETA de Fernando Buesa fue político y que pudo evitarse mediante el diálogo". Su pretensión era determinar "si pudo cometerse un delito de enaltecimiento o de justificación del terrorismo o de descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo".
El máximo representante del Ministerio fiscal en el País Vasco se refiere a sentencias del Tribunal Constitucional que aluden a "la inviolabilidad" para recordar que ésta "no es sólo una prescripción que exime de responsabilidad", sino "incluso un privilegio frente a la mera incoación de todo procedimiento (incluso civil)", lo que supone "un verdadero límite a la jurisdicción que tiene carácter absoluto".
Por ello, afirma que la jurisdicción queda excluida "frente a las opiniones emitidas por un parlamentario" y, por tanto, "ni siquiera se puede entrar a examinar el contenido de esas opiniones al objeto de discernir si merecen o no la tutela de ese privilegio".
"De no ser así, el parlamentario se sentiría limitado o coaccionado ante una posible intervención jurisdiccional que fijara, desde fuera, el límite de las posibilidades de expresión, que, aunque merecieran el calificativo de delictivas, poseen una protección absoluta que, a su vez, es garantía de la división de poderes o no interferencia entre los mismos", afirma la resolución.
De este modo, según manifiesta el escrito, el diputado tiene la certeza de que sus intervenciones no van a ser juzgadas y "esa irresponsabilidad, entendida como no sujeción a responsabilidad exigible externamente", asegura la libertad de expresión.
Según el decreto del Fiscal, las "desviaciones antijurídicas por las opiniones vertidas no pueden ser contrapesadas ni administradas por alguien desde el exterior de las Cámaras", sino que deben "quedar sujetas exclusivamente a la disciplina de los reglamentos que las rigen".
