Fiscalía y la defensa de Gómez piden archivar la pieza de malversación y las acusaciones que testifique Sánchez

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez han pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la investigación que dirige por presunta malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, mientras que las acusaciones populares han solicitado que se cite de nuevo como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

   Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se han pronunciado el Ministerio Público, el abogado de Gómez y las demás defensas, por un lado, y las acusaciones populares que dirige Hazte Oír, por otro, en la "comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado" celebrada la tarde de este sábado durante más de una hora y media.

   Así, los otros dos investigados --la asesora de Moncloa y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre-- también han pedido al juez Peinado que archive la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

   El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid fijó esta vista con el fin de informar a los investigados de que ha transformado las diligencias relativas a esta pieza separada para que, en caso de que sean juzgados por malversación, lo haga un jurado popular, es decir, ciudadanos y no un tribunal conformado por jueces.

   No obstante, Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre han optado por no acudir al juzgado y enviar únicamente a sus letrados a la comparecencia. Con todo, se ha puesto en marcha el dispositivo de seguridad habitualmente desplegado las otras cuatro veces que la esposa de Pedro Sánchez ha acudido al juzgado.

   Según las fuentes consultadas, las defensas se han amparado en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado "no es indispensable".

   Dicha circular sostiene que en este tipo de comparecencias solo se concretan los términos de la imputación y es suficiente con que acuda la defensa del investigado porque "no se practican diligencias de instrucción y, por tanto, tampoco la declaración del imputado".

   En declaraciones a la prensa, el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha insistido en que la esposa de Pedro Sánchez no tenía "obligación" de acudir al juzgado personalmente. Preguntado por qué no se comunicó con antelación al juez que no se presentaría, el letrado ha asegurado que "no hay ninguna obligación de comunicárselo".

    Al hilo, Camacho ha manifestado que, al igual que las defensas de Álvarez y Martín Aguirre, la Fiscalía ha solicitado al juez que archive la causa "por no ser los hechos constitutivos de delito".

    A pesar de que Peinado contaba con que los investigados estuvieran presencialmente, la vista se ha celebrado sin mayores incidencias. Lo único destacable en este sentido es que las acusaciones populares han pedido comprobar que la citación era personal y así se ha hecho para continuar con el trámite.

COMO COMPRAR UN PAQUETE DE TABACO

   Fuentes jurídicas detallan que, en descargo de sus representadas, las defensas de Gómez y Álvarez han negado que hubiera malversación poniendo como ejemplo el caso de que un funcionario pidiera a otro que comprara un paquete de tabaco, para razonar seguidamente que eso no sería delito y extrapolarlo a la pieza separada.

   Además, la defensa de Álvarez ha puesto de manifiesto que la Audiencia Provincial de Madrid ya avisó a Peinado en una resolución de que la asistente de Gómez no cumplía los requisitos penales para ser investigada por malversación.

   Por su parte, el abogado del Estado, en defensa de Martín Aguirre, ha vuelto a insistir en que, aunque cuando se contrató a Álvarez era el 'número dos' de la Secretaría General de la Presidencia, no era el responsable directo de la asistente, apuntando al jefe de gabinete de Presidencia. Aunque su nombre no ha salido en la sala, en esa fecha lo era Iván Redondo.

   Fiscalía ha esgrimido igualmente que los hechos no eran constitutivos de delito, precisando que aún menos de un delito de malversación que les pueda ser imputable a Gómez, Álvarez y Martín Aguirre porque ninguno de los tres son funcionarios.

   Por contra, las acusaciones populares no solo han sostenido que hay indicios suficientes para investigar una presunta malversación, sino que han pedido una batería de diligencias que incluyen las testificales de Sánchez y Bolaños, que ya comparecieron como testigos, así como un careo entre Alfredo González, exvicesecretario general de Presidencia, y la propia Álvarez.

   Las acusaciones populares, en declaraciones a la prensa antes de que comenzara la vista, han subrayado la importancia de esperar a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos entre Álvarez y el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio reclamados por Peinado.

    Fuentes jurídicas avanzan que se trata de más de 200 'emails' pero que solo 121 aluden a cuestiones de agenda y asuntos relacionados con la cátedra que codirigía Gómez, al tiempo que aseguran que no revelarían malversación alguna.

   La vista, que finalmente se ha celebrado sin la presencia de los tres investigados, ha tenido lugar seis meses después de que el juez acordara abrir esta pieza separada, que está recurrida, junto a la imputación por malversación de Gómez, Álvarez y Martín Aguirre en la Audiencia de Madrid, que deliberará sobre estos recursos el 29 de septiembre y el 6 de octubre.

UN JURADO POPULAR, "RECONFORTANTE" 

   Antes de que comenzara la vista, y en declaraciones a la prensa, Luis Pardo, el abogado de Iustitia Europa --una de las acusaciones populares-- ha querido destacar el papel de las mismas por cuanto ha asegurado que, si no estuvieran presentes en este trámite para concretar la imputación y reclamar diligencias, podría acordarse un archivo. Además, ha calificado de "reconfortante" que, si hay juicio por malversación, lo hará un tribunal del jurado.

   "El pueblo será quien acuse y juzgue la malversación, pese a las prisas de la ley Bolaños", ha resaltado, por su parte, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, también en declaraciones a la prensa.

   Al hilo, ha sostenido que la aplicación de la ley del jurado al delito de malversación "no es un capricho ni del juez Peinado ni de las acusaciones populares" sino "una estricta aplicación de la legalidad".

   El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, ha asegurado a los medios que lo que están intentando es "acabar con la corrupción (...) y convencer a Pedro Sánchez de que convoque elecciones y abandone el Palacio de la Moncloa". "Creemos que (..) vamos a conseguirlo y esperamos que sea cuanto antes", ha dicho.

   La cita de este sábado en los juzgados madrileños ha estado ambientada por decenas de personas que, pertrechadas con banderas españolas, han coreado distintos lemas contra el presidente del Gobierno, tales como "Pedro Sánchez a prisión" o "es un delincuente, no un presidente". Además, un hombre que desaconsejaba votar a Sánchez, se ha subido a un poste y ha tenido que bajar por indicación de la Policía. Algunos espontáneos también han increpado a la prensa.

   Se da la circunstancia de que el 27 de septiembre es el cumpleaños del juez, que este sábado cumple 71 años. Así, en algunos momentos, los manifestantes --que se han ido sobre las 19.00 horas-- han cantado el 'Cumpleaños Feliz'.