MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha emitido un informe en el que se muestra favorable a que la Audiencia Nacional dicte un auto instando al Gobierno a promover que Brasil entregue al condenado por la matanza de Atocha de 1977 Carlos García Juliá, ya que entiende que la orden de detención que pesa sobre él seguía vigente cuando fue interceptado en aquel país el pasado 5 de diciembre.
En concreto, el informe se ha presentado ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que condenó a García Juliá el 29 de febrero de 1980 a cumplir 193 años de cárcel -30 de cumplimiento máximo en aquel Código Penal-- como autor de nueve delitos de asesinato (cinco consumados, tres frustrados) y tenencia de armas, y que ahora debe decidir si pide al Gobierno que solicite a Brasil la extradición.
Tras analizar las fechas de prescripción, Fiscalía concluye que "tanto si se considera como fecha de interrupción el auto de revocación de la libertad condicional", que fue el 14 de agosto de 1996, "como su declaración de firmeza", que se produjo el 6 de noviembre del año 2000, "no habrían transcurrido aún los treinta años" al cabo de los cuales habría prescrito según la ley y por tanto, está vigente.
Además, entre España y Brasil existe Tratado de Extradición desde febrero de 1988, por lo que el Ministerio Público "interesa que se dicte auto proponiendo que el Gobierno demande de las autoridades de Brasil la extradición".
Carlos García Juliá fue condenado el 29 de febrero de 1980 a la pena de treinta años de reclusión mayor como autor de nueve delitos de asesinato cometidos en España (Cinco consumados, tres frustrados) y tenencia de armas, y la sentencia fue declarada firme el 30 de diciembre de aquel año.
TENÍA PERMISO PARA IR A PARAGUAY Y LE DETUVIERON EN BOLIVIA
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León le concedió la libertad condicional en septiembre de 1991 y poco después, en diciembre, le autorizó a viajar a Asunción (Paraguay) para trabajar, con condición de presentarse mensualmente ante la Embajada de España en aquel país.
Sin embargo, el juzgado le revocó la libertad condicional en agosto de 1996 por incumplir las condiciones impuestas: tras dejar de comparecer ante la Embajada, había sido detenido en Bolivia en el mes de mayo por su participación en hechos constitutivos de delito de tráfico de estupefacientes.
En noviembre del año 2000 se decretó su ingreso en prisión para cumplir la pena que le quedaba, 3.855 días -algo más de diez años--, pero aquello nunca se produjo. Ahora, tras su detención en Brasil deberá ser entregado a España y además de terminar la condena pendiente, podrá ser sometido a un nuevo juicio por haber quebrantado la medida inicial, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
