Fiscalía y letrados de 5 ex ediles de Marbella se reúnen para formalizar el acuerdo sobre licencias

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Letrados de cinco ex concejales del GIL de Marbella (Málaga) de la corporación 1999-2003, imputados en casos de delitos urbanísticos, se reunieron hoy con representantes de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga para tratar sobre la formalización del acuerdo de conformidad en los casos de licencias urbanísticas irregulares, que supone para éstos nueve meses de prisión por cada causa, cumpliendo el triple de esta pena.

En este caso, las conversaciones se refieren a los ex concejales Francisco Javier Lendínez, José Luis Troyano --que ya se conformaron el pasado día 22 de septiembre con una pena de nueve meses de prisión y 10 años de inhabilitación en un caso concreto--, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones y Alberto García, según informaron fuentes judiciales, quienes cumplirían como máximo 27 meses de cárcel.

El encuentro de hoy tenía el objetivo de avanzar en cómo se va a formalizar el pacto de conformidad, en el que letrados y Fiscalía llevan trabajando desde finales del pasado año, ya que afecta a diligencias judiciales que están tanto en instrucción como en los juzgados de lo penal pendiente de juicio, según señalaron fuentes de las defensas.

Estas fuentes precisaron que aunque no se ha llegado a cerrar en la reunión de hoy y habrá que mantener al menos un nuevo encuentro, aún sin fecha, "existe voluntad de pacto". El acuerdo ya se cerró para los ex concejales de la legislatura 1995-1999 como son Julián Muñoz, Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, Dolores Zurdo y Marisa Alcalá.

Éstos aceptaron una pena de un año de prisión, sin posibilidad de sustitución por multa, y 10 de inhabilitación. Al tratarse de delitos conexos, el Código Penal establece el cumplimiento del triple de la pena máxima, en este caso tres años de prisión.

Estas conversaciones se iniciaron, a instancia de los abogados, con el fin de agilizar la tramitación de los numerosos procedimientos pendientes en los juzgados sólo en lo que respecta a las licencias urbanísticas presuntamente irregulares concedidas en dicha localidad malagueña.

El acuerdo marco contempla penas de ingreso en prisión, sin que haya posibilidad de suspensión ni sustitución de ésta, que oscilan entre los seis meses y un año, así como inhabilitación de 10 años, por cada causa pendiente. Los ex ediles tendrán que reconocer los hechos y admitir su ingreso en la cárcel en todos los casos.