La Fiscalía pide 35 años de cárcel para un director de banco por operaciones millonarias contra la normativa bancaria

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga solicita 35 años de cárcel para un hombre, ex director de una sucursal de banco ubicada en la calle Puerta del Mar de la capital, que realizó de 1988 a 1996 operaciones financieras millonarias "contrarias a la normativa bancaria" y que suponían el incumplimiento de las directrices del Banco de España y "de los usos bancarios generalizados". La cuota defraudada ascendió a casi 1,5 millones de euros, según la acusación pública, que solicita también una multa de 8,7 millones de euros.

Así, según se relata en las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el acusado realizó operaciones en las que "ocultaba la titularidad y procedencia del dinero empleado, valiéndose de la utilización de personas interpuestas y ejecutando inversiones en activos financieros de alto riesgo", con pérdidas que fueron cubiertas con dineros cuyos titulares no se conocen, "pero que estaba depositado en la entidad".

Asimismo, presuntamente también llevó a cabo operaciones ficticias de crédito para introducir en el circuito financiero dinero de procedencia desconocida "y evitar así que pudiera conocerse su origen"; aunque, además, empleó pasivo depositado en el banco para operaciones realizadas "en su exclusivo interés". Esta actividad "no era conocida por sus superiores en el banco" puesto que no tenía reflejo en la contabilidad oficial.

Del análisis de la documentación se concluye que "era usual" en la entidad que se realizaran ingresos y reintegros en metálico sin que se identificara en el correspondiente impreso la persona o el número de identificación fiscal de quien lo hacía. También era "frecuente" la emisión de cheques bancarios al portados "por importantes sumas de dinero sin que constara la persona que lo ordenaba y la cuenta en la que se cargaba".

Según la acusación pública, también se utilizaban cuentas internas de la entidad bancaria "para realizar operaciones particulares de clientes que no se reflejaban en las cuentas de los mismos", por lo que quedaban "ocultas ante la Administración tributaria". Otras operaciones eran de compraventa de divisas a futuro que supusieron a varios clientes "cuantiosas pérdidas" a las que el acusado "dio cobertura mediante el dinero de los fondos de inversión anteriores". Recibía el dinero y "sin el conocimiento de estos", lo invertía en adquisición de divisas.

Además, entre 1989 y 1996, el acusado abrió, según el relato del fiscal, contratos de adhesión a fondos de inversión y de cuentas en pesetas convertibles en unos casos a nombre de personas fallecidas y en otros a nombre de personas que ni eran clientes del banco ni tenían relación alguna con éste, por lo que "los reales beneficiarios quedaban ocultos". Para ello, simulaba la firma del titular.

Asimismo, constituyó una sociedad en Gibraltar que, junto a otras dos, carecían de actividad y de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, por lo que el fiscal entiende que "son instrumentos para canalizar sus inversiones y beneficios para evitar ser detectado por Hacienda Pública". Todas estas operaciones produjeron incrementos de patrimonio no justificados y plusvalías no incluidas en sus declaraciones sobre el IRPF, según el fiscal.

Así, al acusado se le acusa de varios delitos contra la Hacienda Pública, de falsedad documental, de contrato simulado y de apropiación indebida. Además de la pena de prisión, el ministerio público solicita una multa de 8,7 millones de euros y que indemnice a algunos clientes afectados, al estado por las cuotas defraudadas y al banco.

El fiscal acusa también al administrador de una empresa, como cooperador necesario en el delito continuado de contrato simulado, solicitando para éste solicita la pena de cuatro año de prisión. El juicio se iba a celebrar en junio de 2005, pero fue suspendido y se ha vuelto a señalar para noviembre de este año, según indicaron fuentes judiciales.