La Fiscalía pide 1 año de prisión para un ex alto cargo del PP de Medio Ambiente por prevaricación en el 'Caso Yesa'

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio solicitó hoy a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid que condene al ex director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, a 1 año de prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros por los delitos de prevaricación, riesgo catastrófico y tráfico de influencias relativos al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, ubicado entre las comunidades de Aragón y Navarra.

La Fiscalía de Madrid sostuvo que el ex alto cargo del PP vulneró la legislación medioambiental en la tramitación del proyecto y cometió irregularidades en la adjudicación de las obras. Según el Ministerio Público, Escartín y los ingenieros que tramitaron el expediente "dejaron a un lado" y "obviaron" los estudios relativos a los riesgos sísmicos, geológicos y deslizamientos de tierras, realizados por el Ayuntamiento de Artieda, quien ejerce la acusación particular, y el Área de Tecnología y Control de Estructuras.

Ante la Sección Quinta, el representante del Ministerio fiscal modificó sustancialmente sus conclusiones definitivas en lo que se refiere a los delitos imputados al entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, a quien se le retiró los dos delitos de prevaricación de los que estaba acusado. Así, la petición de pena queda reducida a 2 años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros, frente a la pena anterior de 1 año de prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros.

El fiscal también mantuvo la pena a la ex directora general de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo, quien se enfrenta a 8 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En esta línea, Valerio sostuvo que Carrillo vulneró la normativa medioambiental en la autorización de la Declaración de Impacto Ambiental, requisito para que el proyecto siguiera adelante. Además, señaló que su testifical se caracterizó por "numerosas evasivas y sin aclarar por qué dio luz verde al proyecto.

RIESGOS DEL PROYECTO

A su juicio, los acusados José Luis Uceda y Ángel Núñez, ambos ingenieros de Caminos que se enfrentan a una pena de 1 año de prisión, 16 años de inhabilitación y multa de 2.400 euros, conocían los riesgos del proyecto y, a pesar de esto, continuaron con la tramitación. "Los estudios reflejaban un peligro real de deslizamientos de laderas y, por tanto, no deberían haber seguido adelante", resaltó el fiscal, que aseguró que el informe de alegaciones de Artieda contra el proyecto fue criminalizado al no responder a sus intereses.

Asimismo, la Fiscalía rechazó las alegaciones de los acusados acerca de que cumplían las órdenes emanadas del Consejo de Ministros. Así, apuntó que "más que el impulso del Gobierno al proyecto, fue el impulso de la mercantil Euroestudios", quien se encargo de realizar el informe de especificaciones técnicas para el concurso de la obra, que resultó para la Unión Temporal de Empresas encabezada por ACS. Precisamente, Euroestudios también se encargo del informe de ACS para presentarse al citado concurso.

El fiscal Valerio también alegó que el proyecto de Yesa no presentó ninguna mención a las previsiones del Ministerio de Agricultura, quien tiene las competencias sobre el Plan Nacional de Regadíos. Por ello, se preguntó por qué no se adecuó a estas previsiones teniendo en cuenta la importancia del proyecto, cifrado en 30.000 millones de pesetas. Ante esto, esgrimió que "en todo el proceso de tramitación confluyen intereses públicos con privados, puesto que el presunto interés por atender a las demandas de los regadíos es falsa".

RAZONES HUMANITARIAS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Artieda modificará mañana la solicitud de condena de prisión para la acusada Dolores Carrillo, por razones humanitarias en relación a su grave estado de salud. La petición inicial de penas para Carrillo era de 2 condenas de 10 años cada una de inhabilitación para cargo público, que se mantienen, y una condena de 3 años de prisión, que ahora se retira, por los delitos de riesgo catastrófico, contra el patrimonio histórico y los recursos naturales y por prevaricación.

La acusación particular solicita además para Escartín nueve años de prisión y 26 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, riesgo catastrófico y falsedad de documento. También pide para el acusado Carlos Vázquez, ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente, 3 años de cárcel y 20 años de inhabilitación por prevaricación, riesgo catastrófico y un delito contra los recursos naturales y el patrimonio histórico.