La Fiscalía pide que continúe el proceso contra ex altos cargos del Gobierno balear por el caso Escala

PALMA DE MALLORCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma han presentado sendos escritos en los que solicitan que continúe el proceso penal contra el ex consejero de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y otros 15 imputados del caso Scala a fin de que puedan dirigir en una nueva fase sus acusaciones contra ellos.

Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press después de que ambas acusaciones hayan dirigido este jueves sus escritos, de más de 150 páginas cada uno, en el que solicitan a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, que dicte un auto para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, fase en la que ya podrán presentar sus escritos de calificación contra quienes aprecian indicios delictivos. Ello dará pie a la apertura de juicio oral contra quienes finalmente resulten acusados.

En concreto, tanto para Cardona como varios imputados del caso, que investiga el presunto desvío de fondos públicos cometido durante la pasada legislatura del PP a través del CDEIB, las acusaciones imputan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por Ordinas para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.

El resto de encausados son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad; el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export S. P. ; el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk; el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, el presidente del PP de Formentera José María Alcaraz; Vicenç Burguera, Crescencia Molina, Danielle Beamont, y Juan Company.

De acuerdo a las investigaciones, la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB.

INSTRUCCIÓN EN EL TSJIB POR EL AFORAMIENTO DE CARDONA

La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona, asistido por el letrado José Zaforteza. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.

Sin embargo, en el marco de esta causa, el ex consejero ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico.