La Fiscalía del TSJCV investiga si hay delito en la campaña de boicot al cava de Coalición Valenciana

Actualizado 29/01/2007 21:02:01 CET

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha abierto diligencias para investigar si existe delito en la campaña para boicotear los productos catalanes, en concreto el cava, promovida por la formación política Coalición Valenciana.

El abogado barcelonés Ignasi Fernández de Senespleda, miembro de la Sectorial de Justicia del PSC, denunció la campaña ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien decidió remitirla a la Fiscalía del TSJCV al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delito, ya que en tal caso sería competencia de los tribunales de dicha comunidad el juzgarlo.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda la campaña que el presidente de Coalición Valenciana hizo pública en rueda de prensa el pasado 20 de octubre, en Valencia, cuyo objetivo se centraba en "denunciar la política catalana y la aprobación del inconstitucional Estatuto de Cataluña".

La campaña, denominada 'Cava Antiestatut. El cava del boicot a los productos catalanes', consistía en la comercialización de 100.000 botellas del citado cava entre noviembre y diciembre de 2006, para lo que se utilizó la venta directa en todas las sedes locales de Coalición Valenciana y la venta por Internet a través de la página web oficial de la campaña.

ARGUMENTOS.

La denuncia señala que el mensaje difundido por Coalición Valenciana es "explícito" y que su objetivo es "boicotear los productos catalanes en genérico y los relacionados con el mercado del cava en particular con el fin, según manifiesta el partido, 'de denunciar el silencio cómplice de una clase empresarial catalana que se ha alineado con Zapatero y Artur Mas'".

La Sectorial de Justicia del PSC considera que la campaña impulsada por Coalición Valenciana constituye un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 510 del Código Penal.

Según dicho artículo, "los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses".

El denunciante considera que "la campaña organizada es constitutiva de delito al tener como finalidad promover la selección por exclusión del mercado, es decir, discriminar a un grupo de empresas que tienen en común su origen territorial y que su autor justifica (con o sin fundamento) a estar ligadas a una determinada ideología política".

A su entender, "provocar el boicot de productos catalanes, es decir, invitar públicamente a otros a excluir la adquisición de bienes cuya elaboración o comercialización es realizada por personas de un determinado territorio o, incluso, por personas de una determinada ideología, no puede ampararse en la libertad de expresión, dado que lo que se promueve es una conducta contraria al principio de igualdad y a no ser discriminado por razón del origen o, en su caso, es una conducta contraria a la libertad ideológica de las personas".