Foro de Ermua cree que debe abrirse juicio oral contra Ibarretxe y López al pedirlo la acusación popular

BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Ermua discrepa de la Fiscalía vasca y afirma que se debe abrir juicio oral contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y los representantes del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, por reunirse con Batasuna, aunque sólo lo pida la acusación popular y sin que lo haga la Fiscalía.

En el escrito de acusación que hoy presentó en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), la defensa de este colectivo solicita dos años y nueve meses de prisión para el lehendakari, Juan José Ibarretxe -por tres encuentros que mantuvo con dirigentes de la formación ilegalizada-, además de su inhabilitación especial para cargo o empleo público, "al estar directamente relacionada la comisión del delito" de desobediencia "con su actividad" de presidente del Gobierno vasco.

Asimismo, pide nueve meses de prisión para López y la misma pena para Ares, mientras que solicita una condena de cuatro años de cárcel para el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, por mantener cuatro reuniones, y dos años de prisión para Juan José Petrikorena y Rufi Etxeberria, así como un año para Pernando Barrena y Olatz Dañobeitia, miembros de esta formación que estuvieron presentes en alguno de los encuentros.

El abogado del Foro de Ermua, Fernando García-Capelo, discrepa en su escrito con el de la fiscal-jefe del TSJPV, María Angeles Montes, que, además de pedir la absolución de los encausados, asegura que no puede abrirse juicio oral "sólo a instancias de la acusación popular", sin que acusen el fiscal o la acusación particular, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Quien ejercita la acción popular tiene plena legitimidad para solicitar la apertura del juicio oral, aún sin el apoyo del Ministerio Fiscal. Y, obviamente, el órgano instructor puede decretar la apertura del juicio oral con la mera petición de quien ejercita la acción popular", señala el letrado.

En este sentido, recuerda el artículo 782.1 de la norma que asegura que "solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el Juez de Instrucción la acordará".

García-Capelo considera que, "obviamente", cuando la Ley se refiere al acusador particular "se está refiriendo a cualquier acusación diferente a la pública". "En la Ley de Enjuiciamiento Criminal no existe una categoría denominada 'acusación popular'. La acusación particular incluye tanto a quien ejercita la acción popular como a quien ejercita la acción como ofendido particular", señala.

Además, indica que "sería un dislate" que el juez no se pronunciara sobre la modificación, suspensión o revocación de las medidas solicitadas por la acusación popular", porque "se estaría vulnerando flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva".

En este sentido, recuerda que "los tribunales han venido abriendo el juicio oral, aunque sólo lo solicitara quien ejerce la acción popular", como ocurrió en el denominado 'caso Atutxa' -en el que sólo acusaba Manos Limpias- "ante este mismo tribunal".

BATASUNA Y EL DELITO DE DESOBEDIENCIA

El letrado señala que Batasuna "es un partido ilegalizado que tiene expresamente prohibida por orden del Tribunal Supremo cualquier tipo de actividad, sin matizaciones de ningún tipo" y es también "una organización terrorista cuyo fin es complementar en el ámbito político e institucional la acción criminal de ETA".

Por ello, considera que los miembros de Batasuna encausados son autores de los delitos de desobediencia que se les atribuye al haberse reunido, bien con Ibarretxe o bien con Patxi López y Rodolfo Ares, que habrían actuado como "cooperadores necesarios".

En este sentido, se refiere expresamente al encuentro entre los socialistas y Otegi, Etxeberria y Dañobeitia el 6 de julio en San Sebastián y considera que se enmarcaba "dentro de las negociaciones ETA-Gobierno y tenía como objetivo venir a paliar las medidas adoptadas contra Batasuna por los tribunales españoles".

"Se pretendía conseguir la legitimación de la organización ilegalizada mediante su reconocimiento público como interlocutor por el PSE-PSOE e iniciar el camino para conseguir una legalización, primero de facto, y, posteriormente, de 'iure'".

Además, destaca "la reiteración delictiva" de Ibarretxe y Otegi y subraya que el tribunal que ilegalizó a Batasuna fue "el órgano judicial de mayor rango de España y que se trata de la actividad prohibida a una organización terrorista que es instrumento de ETA, quien ha causado en España casi 900 muertos, miles de lisiados, decenas o centenas de miles de desterrados, pérdidas multimillonarias y que mantiene amenazados directa o potencialmente a decenas de miles de ciudadanos".

NUEVAS PRUEBAS

La defensa del Foro de Ermua pide que el juez instructor de la causa, Roberto Sáiz, acceda a recabar nuevas pruebas como que, por medio de una comisión rogatoria, se requiera "la colaboración de la Justicia Suiza para la obtención del Centro de Diálogo Henri Dunant para el Diálogo Humanitario de las actas y documentación" relacionadas con reuniones mantenidas entre Batasuna y el Partido Socialista durante 2006 o el proceso" para lograr que la formación ilegalizada "pudiera actuar públicamente sin las restricciones derivadas de su ilegalización, en relación con el proceso de negociación mantenido entre ETA y el Gobierno".

Además, pide, entre otras cosas, que se requiera oficio al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Interior para que aporten certificación de la inclusión o no de Batasuna en la lista de entidades terroristas de la UE.

También pide entrevistas realizadas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o al secretario de Organización del PSOE, José Blanco.