Funcionaria del Cabildo, imputada en el caso eólico, detenida por amenazas al Fiscal Anticorrupción de Las Palmas

Actualizado: lunes, 30 junio 2008 18:39

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, Mónica Quintana, imputada en el denominado 'caso Eólico', ha sido detenida hoy acusada de un delito contra la Administración de Justicia, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.

En concreto, Quintana ha sido detenida por enviar correos electrónicos amenazantes contra el Fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, y a la familia de este, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

La detención fue efectuada por la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria en torno a las 08.00 horas de la mañana de hoy y, desde entonces, Quintana permanece ingresada en prisión, a la espera de pasar a disposición judicial mañana a primera hora.

Quintana, para la que la fiscalía del Estado pide tres años y medio de cárcel por su imputación en el 'caso Eolo' por malversación de fondos y cohecho, prestará declaración mañana ante el Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Luis Martín Rodríguez.

La propia Quintana ya estuvo detenida en 2006 por las investigaciones del 'caso Eólico' en la prisión de El Salto del Negro de la capital grancanaria. El día 13 de febrero de ese mismo año dejó la cárcel para presentarse a una prueba de oposición y el 4 de abril de 2006 fue decretada su puesta en libertad bajo fianza.

El caso Eolo se conoció en el año 2006 tras la denuncia del empresario Alberto Santana por posibles irregularidades en un concurso de energía eólica. El principal imputado es Celso Perdomo, novio de Quintana y ex director general de Industria del Gobierno de Canarias durante el mandato como consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, Luis Soria.

Perdomo, por su parte, se enfrenta a una pena de siete años de cárcel por presunta violación de secretos, además de ser acusado de cohecho y delito continuado de malversación de fondos públicos por favorecer supuestamente la concesión del concurso eólico a varios empresarios y comprar libros libros con dinero público, respectivamente.

El ex director general de Industria canario salió también en libertad provisional en el mes de abril de 2006, bajo fianza de 150.000 euros.