ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El funcionario del Centro Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, en Alicante, acusado de agresión sexual a una interna afectada con esquizofrenia y trastorno bipolar y de abusos en el ejercicio de su función, ha negado los hechos en el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial, según han informado fuentes judiciales.
Durante la vista oral, celebrada a puerta cerrada, la víctima sin embargo ha asegurado que sufrió agresiones sexuales por parte del acusado, del que ha dado datos de conocimiento personal que, en opinión del ministerio público, corroborarían la presunta veracidad de los hechos.
En su escrito de acusación definitiva, el fiscal recoge que las relaciones sexuales entre el funcionario y la interna comenzaron en noviembre de 2005 en el propio centro penitenciario, a requerimiento del procesado.
Tras el mes de noviembre de 2005, la reclusa, que cumplía una pena de 10 años de internamiento por un delito de homicidio --en el que el tribunal había apreciado una eximente de esquizofrenia paranoide--, comenzó a disfrutar de salidas tuteladas, durante las cuales dormía en una casa de acogida de la comarca de l'Alacantí.
En dichas salidas, y en al menos tres ocasiones, el acusado esperó a la reclusa para desplazarse con su coche a lugares fuera de Alicante, donde supuestamente continuaron las mismas relaciones sexuales en el turismo.
A finales de 2009, la dirección del centro tuvo conocimiento de esta situación, y la mujer informó a la juez y fiscales de Vigilancia Penitenciaria en el expediente abierto contra el procesado por estos y otros hechos.
Los psiquiatras que examinaron a la víctima han declarado en el juicio que el estado mental de la mujer no guarda relación con los hechos que se juzgan, por lo que el tribunal de la sección décima tendrá que discernir si los encuentros sexuales se produjeron realmente y si fueron voluntarios o no, según han explicado fuentes cercanas al caso.
PENAS
El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de tres delitos de agresión sexual y de un delito del artículo 443.2, --referido a abusos en el ejercicio de la función de los funcionarios--, por los que, en su escrito de acusación definitiva, mantiene su petición de una pena total de 17 años y medio de prisión para el acusado.
La defensa por su parte solicita la libre absolución del funcionario, y considera que en la vista no se ha podido demostrar que se produjera agresión sexual alguna, según ha detallado a Europa Press el abogado del acusado, Pedro Riera.
