Funcionarios acusan al Gobierno de hacerse el "sordo" ante el "grave perjuicio" que su huelga causa a la Justicia

Siguen a la espera de que el Ministerio les convoque a una reunión para retomar las negociaciones frustradas desde el 24 de abril

Manifestantes durante una concentración de funcionarios de la administración de justicia frente al Ministerio de Justicia (imagen de archivo).
Manifestantes durante una concentración de funcionarios de la administración de justicia frente al Ministerio de Justicia (imagen de archivo). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: miércoles, 17 mayo 2023 13:12

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de la Administración de Justicia han acusado al Gobierno de hacerse el "sordo" ante el "grave perjuicio" que está causando la huelga que mantienen desde el pasado 17 de abril y han reclamado que se reactive la negociación en aras de conseguir una subida salarial global de 200 millones de euros --hasta unos 430 euros al mes--.

Este miércoles, un centenar de funcionarios se han concentrado frente al Ministerio que dirige Pilar Llop, en la madrileña calle de San Bernardo. Han acudido ataviados con togas hechas con bolsas de basura y con claveles, en referencia al viaje que hizo la ministra el pasado abril a la Feria de Sevilla, en Andalucía, durante el inicio del conflicto.

Javier Jordán, presidente nacional de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha asegurado que se han acercado de nuevo hasta las puertas del Ministerio para "reclamar otra vez lo mismo". Cabe recordar que ya se han manifestado frente a Justicia, frente al Congreso y frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

"Tenemos un Gobierno que parece que está sordo al grave perjuicio que se está causando a la Administración de Justicia", ha señalado. En este sentido, ha recalcado que son ya "decenas de miles" los "juicios que se están aplazando para dentro de dos años".

"El único responsable de esta situación es el Gobierno. Ha habido dinero para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), ha habido dinero para los jueces --aunque sabemos que siguen discutiendo-- ya es hora de que el Ministerio de Justicia y el de Hacienda y Función Pública se tomen esto en serio y actúen con responsabilidad", ha añadido.

A LA ESPERA DE UNA NUEVA REUNIÓN

En declaraciones a la prensa, el miembro de CSIF ha asegurado que el secretario de Estado de Justicia les dijo que después del conflicto con los jueces --que actualmente están negociando junto a los fiscales una subida salarial en el marco de la Mesa de Retribuciones-- se les convocaría para retomar la negociación. "Pero estamos hartos de promesas y palabras", ha apuntado al tiempo que ha asegurado que se podrían mantener ambas negociaciones en paralelo.

Así las cosas, ha recalcado que desde el Ministerio tienen que "demostrar" que hay "voluntad de negociar". "La propuesta sindical es muy clara: tiene que haber una propuesta económica suficiente encima de la mesa y una negociación real y efectiva sobre el contenido de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, y eso incluye una clarificación de las funciones", ha zanjado.

Por su parte, Luis Calero, de Comisiones Obreras (CCOO), ha señalado que la actitud mostrada hasta ahora por la ministra Llop está siendo "inaceptable" y ha puesto de ejemplo la gestión del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.

"Ayer mismo tuvimos noticias de que ante un anuncio de huelga en la Seguridad Social el ministro Escrivá convocó inmediatamente a los sindicatos, les hizo una oferta y consiguió llegar a un acuerdo que evite la huelga", ha añadido.

Los funcionarios de Justicia se han manifestado este miércoles tras acordar "endurecer" su postura, toda vez que su comité de huelga permanece a la espera de que se les convoque para una nueva reunión que permita reactivar la negociación que se vio frustrada el pasado 24 de abril.

RECLAMAN 200 MILLONES

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT reclaman una mejora retributiva global de 200 millones de euros --hasta unos 430 euros mensuales por funcionario-- tras la oferta de 46,7 millones que presentó el Ministerio la semana pasada para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales, lo que se traduce en unos 450 euros al mes.

Según han defendido los sindicatos, exigen "una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros" mensuales. "Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'complemento general del puesto', una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen", han precisado en un comunicado.

Además del incremento salarial, reclaman participar en la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa. De no conseguir una oferta, seguirán adelante con la convocatoria de huelga general indefinida que tienen prevista para el 22 de mayo, fecha en la que cuatro de las cinco asociaciones de jueces contemplan ir también a huelga indefinida de no llegar a un acuerdo con el Ministerio. Así, los funcionarios darían el paso de una huelga indefinida con paros parciales de tres horas diarias --que empezó el 17 de abril-- a una huelga total con paros de 24 horas.

Según los datos que manejan los convocantes, "ya se han paralizado más de 20 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios en toda España".

UN MES DE MOVILIZACIONES

A lo largo del conflicto, los sindicatos convocantes han considerado que la "posición" de Justicia, de negar en un principio "cualquier subida" retributiva, ha provocado la "indignación del colectivo" y un "profundo malestar" que les ha llevado a "incrementar la presión con nuevas convocatorias de huelga".

La concentración de este miércoles se suma a una serie de movilizaciones que los funcionarios han estado llevando a cabo desde que anunciaron el parón.

Cabe recordar que, en el marco de sus protestas, el pasado 9 de mayo CSIF remitió una carta al presidente del Gobierno, emplazándole a que autorizase una oferta económica que reconociese las funciones que realizan cada día los funcionarios y su posibilidad de negociar el contenido de los proyectos de ley de eficiencia.

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