MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Alberto Ruiz-Gallardón cuenta ya con autorización del Gobierno para ejercer la abogacía, un permiso concedido a los cuatro meses de dejar el Ministerio de Justicia, según consta en el Portal de Transparencia de la Administración.
Conforme a la vigente ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno, que será modificada por el Estatuto del Alto Cargo que tramita actualmente el Senado, un ministro tiene limitada su actividad durante los dos años siguientes al cese.
Así, en esos dos años los altos cargos cesados no pueden trabajar en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Si ya trabajaban en una de esas sociedades antes de ser nombrados y se reincorporan tras el cese, se entenderá que no hay incompatibilidad siempre que se sitúen en puestos que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado.
DOS AÑOS SUJETO A CONDICIONES
En esos dos años posteriores al cese, los altos cargos no podrán tampoco celebrar por sí mismos o a través de sociedades o empresas participadas por ellos directa o indirectamente en más del 10 por ciento contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas.
Además, deberán presentar ante la Oficina de Conflictos de Intereses que depende del Ministerio de Hacienda una declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio. En el plazo de un mes la Oficina de Conflictos de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios.
Ése es el permiso que ha solicitado el exministro Ruiz-Gallardón para ejercer de abogado y que la Oficina le ha concedido con fecha de 21 de enero, al cumplirse los cuatro meses desde su salida de Justicia y su relevo por Rafael Catalá.
