Atribuyen la decisión al "clamor popular" pero consideran un error centrarse sólo en Garzón en vez de en la "impunidad del franquismo"
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Asociaciones en defensa de la memoria histórica opinaron hoy que la expulsión de Falange Española de las JONS de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo es sólo un "lavado de cara" y recordaron que la causa "sigue existiendo y sigue siendo injusta".
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, afirmó que era "vergonzoso" que Falange estuviera personada en esta causa, pero considera que "lo sigue siendo" mientras Garzón esté imputado por esta razón.
En opinión de Silva, esta causa es "injusta" aunque Falange Española de las JONS no figure entre las acusaciones porque, según remarcó, el juez Garzón estaba investigando "crímenes que existen", por lo que criticó que se sigue "negando el Derecho Penal Internacional".
Para José María Pedreño, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, la decisión del magistrado del Supremo Luciano Varela de expulsar a Falange de la causa es "lógica" porque "el clamor popular" a este respecto era "exagerado".
En cualquier caso, y tras señalar que espera que el proceso contra Garzón acabe "bien" y que ninguna de las causas que tiene abiertas "salga adelante", Pedreño reclamó un mayor respaldo para las víctimas más allá de la figura de Garzón e instó a tratar de conseguir que se mantenga el apoyo que han escenificado partidos políticos y sindicatos en las últimas semanas.
A su juicio, es un "error centrarse sólo en la figura de Garzón" y que las víctimas "sigan desamparadas", de modo que pidió que cuando se convoque una manifestación contra la causa abierta contra el juez el lema vaya dirigido "contra la impunidad del franquismo".
RECUSACIONES DE JUECES: "GRAN CASUALIDAD"
Sobre el rechazo a las recusaciones planteadas por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y por Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la II República, contra jueces del Tribunal Supremo por jurar en su día "lealtad al Caudillo", Silva ironizó sobre la "casualidad tan grande" que supone que esta decisión se haya anunciado el mismo día que la expulsión de Falange.
Las recusaciones afectaban a la mayoría de los magistrados de la Sala de lo Penal, entre ellos su presidente, Juan Saavedra, así como al propio presidente del Supremo, Carlos Dívar, y se habían presentado por entender que todos ellos incurrían en "falta de imparcialidad" al haber jurado en su día "lealtad al Caudillo" al entrar en la carrera judicial.
Para el presidente de la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica, los jueces "hacen una tabla rasa" al tomar ambas decisiones "a la vez, como si fueran lo mismo".
Por su parte, Pedreño argumentó que el rechazo a las recusaciones pone de manifiesto que en las instituciones del Estado hay "herederos directos" del franquismo y que, por tanto, éste es un "problema que afecta también a la judicatura". "Existe un 'franquismo sociológico', una cultura 'neofranquista', y en el Poder Judicial todavía más", añadió.
