MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, evitó hoy valorar la presencia del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, en el acto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que tuvo lugar el pasado martes en la Universidad Complutense, organizado por los sindicatos UGT y CCOO, y explicó que los "cargos" del Gobierno que acudieron "son responsables de sus actos".
Bravo respondió así al ser preguntada por los periodistas por la opinión que le merece que al acto, en el que el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo acusó a los magistrados de ser un instrumento de la "actual expresión del fascismo español", acudieran dirigentes sociales y el secretario de Estado de Cooperación Territorial.
"El Consejo no ha entrado en las cuestiones respecto a las personas y a los cargos que pudieran estar en ese acto o en cualquier otra manifestación --explicó.-- Como ciudadanos son responsables de sus actos y también desde el punto de vista político serán ellos conscientes de su propia responsabilidad y del derecho que puedan tener a manifestarse".
"ATAQUES SISTEMÁTICOS" CONTRA EL SUPREMO
Bravo recordó que, en el comunicado que la Comisión Permanente del CGPJ emitió el pasado martes, lo que se ha valorado "no ha sido la asistencia o no, o el cariz que tomó la manifestación, sino los ataques sistemáticos que se derivaron no sólo de ese acto sino de otro tipo de manifestaciones", en las que "se viene atacando de forma directa al Tribunal Supremo".
La portavoz del CGPJ negó que el comunicado de la comisión, en el que expresaba "tristeza y preocupación", fuera tibio y aseguró que fue un texto "contundente, claro", en el que se insistió "en el mismo discurso que se ha venido manteniendo hasta ahora" para pedir respeto al alto tribunal.
"Respetamos la libertad de expresión, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, los ciudadanos tienen derecho a manifestarse a ejercer su libertad de opinión, pero lo que no podemos tolerar son los ataques sistemáticos a las instituciones y en este caso al máximo órgano del poder judicial como es el Tribunal Supremo", remachó.
Bravo defendió que hay que "saber diferenciar entre lo que es discrepar de una resolución judicial", que el Consejo respeta, del "ataque a la función jurisdiccional y al propio Tribunal Supremo", que es lo que el CGPJ "entiende que no es tolerable".
"Lo único que se pide es respeto a la función jurisidiccional, que este país tiene un poder judicial responsable e independiente y creo que nuestra democracia se va a consolidar desde el respeto a las instituciones y desde el respeto al derecho fundamental a la libertad de expresión", remachó.
Bravo hizo estas declaraciones tras asistir a un desayuno informativo organizado por Aragonex, en el que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, denunció que las críticas al Tribunal Supremo "han excedido notoriamente lo razonable".