MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado informes a la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía, el Servicio de Información de la Guardia Civil y la Ertzaintza en relación con el partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) para que acrediten su vinculación con Batasuna, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El requerimiento del juez, que responde a una petición del pasado mes de marzo de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), deberá ser realizado antes del próximo domingo, para que el juez pueda pronunciarse sobre ANV antes del lunes, día en el que concluye el plazo de presentación de candidaturas ante la Junta Electoral. Se trata de la segunda petición de informes en relación con esta formación realizada por Garzón.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita esta información en la causa en la que investiga la financiación de ETA a través de las herriko tabernas controladas por Batasuna, en la que decretó el embargo de 55 de estas entidades.
El martes el ponente de la ejecución de la sentencia de Batasuna, el magistrado Joaquín Samper, informó a la Sala del 61 del Tribunal Supremo de que no se habían renovado los embargos de 48 de estos establecimientos.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.
Con los informes encargados por la Audiencia Nacional, el juez Garzón podría ordenar la suspensión de actividades de ANV al declarar su ilicitud, como hizo en su día con Batasuna y otras organizaciones del entorno abertzale.
Paralelamente la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado están investigando la citada formación. Si encuentran indicios de que es continuadora o sucesora de Batasuna, solicitarán su ilicitud a la Sala del 61, como han hecho con Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB).
En su escrito, Dignidad y Justicia denunciaba que habían aparecido distintas referencias a una posible actuación del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV), que formaría parte del entramado HB-Batasuna, por lo que consideraban "prudente" que se solicitaran informes policiales sobre la actividad desarrollada por dicha organización y se adopten medidas judiciales para suspender sus actividades.
