MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea han vuelto a solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que suspenda cautelarmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, contra quien ellos se han querellado ante el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación, cohecho y estafa en relación con la organización por el magistrado de unos cursos en Nueva York, patrocinados por el Banco Santander, coincidiendo con su estancia por estudios en la ciudad estadounidense.
Consideran que "la obligación de suspender a Garzón es imperativa" tras el auto dictado la semana pasada en el que el instructor del Supremo Luciano Varela ve motivos para sentar en el banquillo al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 por otra causa de prevaricación, por investigar las desapariciones del franquismo.
En el escrito remitido hoy al órgano de gobierno de los jueces, ambos abogados solicitan el cumplimiento del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ordena la suspensión del juez cuando se proceda contra él por delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones.
En opinión de Mazón y Panea, el Consejo se ha inventado una jurisprudencia suya sobre la suspensión de jueces totalmente 'contra legem' que deroga a capricho", y ponen como ejemplo el del juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita, suspendido tras admitirse contra él una querella por retardo malicioso, en relación a la paralización por este juez de unos trámites de adopción por una pareja de lesbianas.
"El Consejo ha aplicado a Garzón el supuesto del número 2 del citado artículo 383, que establece que solo cuando se dicte auto de procesamiento se suspenderá al juez, pero ese supuesto solo es para los delitos dolososos que no tengan que ver con el ejercicio del cargo, incurriendo en un desafio temerario del marco legal aplicable que los querellantes no vamos a tolerar al órgano de gobierno de los jueces", insisten.
Tras el dictado del auto de Luciano Varela el mantenimiento de Garzón en activo constituye, según la opinión de ambos letrados, "un temerario desprecio al marco de legalidad por parte de la Comisión Permanente del CGPJ".
