Gibraltar.- El tribunal de La Línea pide "asistencia legal mutua" al Gobierno gibraltareño por el caso Odyssey

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de La Línea encargado del caso de la empresa 'cazatesoros' estadounidense Odyssey, que se sospecha podría haber expoliado tesoros españoles, ha solicitado al Gobierno gibraltareño "asistencia legal mutua", según informó hoy en un comunicado el Ejecutivo del Peñón.

Según indicó un portavoz del Ejecutivo que dirige Peter Caruana, "si esta petición de asistencia legal mutua es acorde con los requisitos legales internacionales y la legislación gibraltareña, por supuesto será procesada como ocurriría con cualquier otro Estado de la UE".

No obstante, añadió el portavoz, "es demasiado pronto para hacer una evaluación de estos hechos". En todo caso, añadió, el Gobierno de Gibraltar "está contento de cooperar con España en asuntos legales, en el marco del derecho internacional y de la UE".

Según explica el comunicado, la solicitud de asistencia del tribunal español está siendo estudiada por los abogados del Gobierno gibraltareño, quienes emitirán un consejo legal en virtud del cual el Ejecutivo del Peñón tomará su decisión.

DEMANDAS DE ODYSSEY

Ayer se supo que la compañía estadounidense ha presentado ante los tribunales de Florida (Estados Unidos) varias demandas en las que exige "compensaciones por las pérdidas sufridas" por las recientes acciones de "obstrucción" del Gobierno español a sus actividades.

Entre esas obstrucciones, Odyssey cita el "abordaje ilegal y captura" por parte de la Guardia Civil de uno de sus barcos atracados en Gibraltar, el Ocean Alert, cuando abandonó ese puerto el pasado 12 de julio.

También ha pedido a la justicia, según explica en un comunicado, que los informes preliminares en los que aporta información sobre los tres yacimientos arqueológicos submarinos para los que ha pedido derechos de explotación --en uno de ellos recuperó el tesoro anunciado el pasado 18 de mayo-- permanezcan confidenciales hasta que el juez decida si aporta toda la documentación o sólo parte a los posibles demandantes.

El Gobierno español se presentó como demandante en el caso de estos tres yacimientos arqueológicos reclamados por Odyssey por las sospechas que tiene de que la empresa recuperó de uno de ellos el tesoro anunciado en esa fecha y que podría pertenecer al patrimonio español.

Odyssey explica que quiere que la información con detalles sobre las actividades realizadas en estos yacimientos en cuestión permanezcan confidenciales para "proteger la seguridad" de estos lugares, así como los métodos de trabajo de la empresa, de cara a que estos datos no puedan ser usados por sus competidores.

La empresa quiere que antes de proporcionar a España dicha información los tribunales exijan al abogado que representa a este país, James Goold, que firme un acuerdo de confidencialidad para evitar que se repitan "filtraciones de informaciones confidenciales por parte de algunas agencias gubernamentales españolas".

Asimismo, apunta que Goold preside la organización RPM Nautical Foundation, que describe como "competidor potencial de Odyssey en el suministro de servicios arqueológicos submarinos a agencias gubernamentales".

Por otra parte, reitera que Odyssey "siempre" ha practicado una política "de transparencia y de comunicación abierta con todos los gobiernos interesados en sus actividades arqueológicas" y recuerda que invitó en varias ocasiones a España a "participar" en sus proyectos, "incluida la expedición que permitió el descubrimiento del yacimiento del 'Cisne Negro'", nombre con el que bautizó al pecio hundido, según la empresa, en un lugar indeterminado del Oceáno Atlántico y del que recuperó medio millón de monedas de plata y oro que el Ejecutivo español sospecha que puedan pertenecer al patrimonio español.